El Gobierno está obligado a dar plaza a los trabajadores que la obtuvieron en las ofertas de empleo público entre 2007 y 2008. El retraso administrativo altera los cálculos del Ejecutivo. Así, entre la convocatoria de una plaza, debidamente presupuestada, y la incorporación del funcionario a la misma pueden transcurrir hasta dos años. En el proceso se convoca el examen, se abre un periodo de reclamaciones por si alguien no está de acuerdo con los requisitos; se contesta a los recursos y, finalmente, se llena la plaza
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