Le permitió ahorrarse más de un millón de euros en intereses, algo considerado irregular por la Fiscalía Anticorrupción y por lo que le pide que devuelva la mayor parte del importe, 5,27 millones de euros. Según los primeros indicios del proceso, los directivos habrían abusado de las funciones de su cargo "en pleno conocimiento de la dificilísima situación por la que atravesaba la entidad crediticia", que finalmente fue intervenida en 2011.
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