Para algunos expertos la implantación de la cadena perpetua en el sistema español plantea problemas de anticonstitucionalidad, al tratarse de un sistema cuya función es la reinserción social. La cifra de personas encarceladas aumentó entre 1996 y 2006 hasta un 43%. El dato no supone que entren más personas en la cárcel, sino que los delincuentes pasan más tiempo en prisión.
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