La 'guerra al fraude' con la vivienda protegida en Euskadi estrecha el cerco sobre los infractores. El Gobierno vasco, que inició en 2004 de forma experimental los controles sobre los pisos impulsados con ayuda pública, ha expropiado ya 37 viviendas que no eran ocupadas por sus adjudicatarios legítimos y estaban en completo desuso, cedidas irregularmente a amigos o parientes o alquiladas de forma ilegal. La cifra, destacó ayer el viceconsejero del área, Javier Burón, es similar «a las recuperadas en el resto del Estado desde 1978».
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