La investigación judicial del supuesto espionaje político a dos dirigentes del PP, Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid; y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de la Comunidad, ordenado por el Gobierno de Esperanza Aguirre y pagado con dinero público, ha dado un giro crucial para conocer quienes fueron los miembros del Ejecutivo autónomo del PP que idearon esa actuación ilegal aprovechando los recursos de la Administración pública.
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