Greenpeace considera que el anteproyecto de reforma de Ley de Seguridad Ciudadana no debe analizarse en un contexto independiente sino tener en cuenta las últimas reformas que se han producido en estos últimos dos años y que son la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, sobre tasas en la Administración de Justicia, actualmente en vigor, y la reforma del Código Penal, aprobada en Consejo de Ministros el 20 de septiembre de 2013, en trámite parlamentario.
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