Los operadores británicos argumentan que su promulgación fue precipitada y no cumplió con los requisitos establecidos. Los proveedores están en contra de uno de los puntos de la ley que establece que ellos serán responsables de tomar medidas contra personas sospechosas de estar compartiendo archivos dentro de sus redes. "Las medidas para intentar reducir las descargas de archivos son injustas, no funcionarán y pueden resultar en que millones de clientes que no han vulnerado ninguna ley sufran las consecuencias y vean invadida su privacidad",
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