La base de la sentencia es que, habiendo quedado demostrado que el citado matrimonio era cliente habitual de la entidad bancaria aludida y que en cuanto a su perfil inversor estaba claramente marcado por iniciativas conservadoras, tales como la suscripción de fondos de inversión, de renta fija y capital garantizado, en la ocasión sobre la que versa el juicio los demandantes contrataron el producto que se les ofrecía desde la entidad bancaria en la creencia de que se trataba también de «una imposición a plazo fijo, pese a que no lo era.
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