Un estudio destapa un aparente agujero de más de 4.000 millones de euros en los datos públicos comunitarios sobre proyectos de investigación. En una democracia perfecta, cada céntimo pagado por los ciudadanos en concepto de impuestos debería ser rastreable hasta su destino final en forma de servicios sociales, prestaciones de desempleo, sueldos de cargos públicos o investigaciones científicas. Por supuesto eso no pasa en ninguna de las democracias actuales, aunque algunas son mejores que otras en acercarse a ese ideal.
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