En plena fase de ajuste presupuestario y con el subsidio de 420 euros próximo a agotarse, el debate sobre las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas cobra actualidad. Actualmente, cerca de un millón y medio de desocupados no reciben ninguna prestación del Estado y dependen de unas ayudas autonómicas que varían mucho según quién las ofrece. La mayoría de los nuevos Estatutos prevén mejoras en sus subsidios, como es el caso de los textos catalán, andaluz, valenciano o castellano-leonés.
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