Los jueces dicen en su informe a la Ley de Seguridad Ciudadana que el papel de la Policía es excesivo y demasiado determinante en la imposición de sanciones administrativas. El informe critica la posibilidad de usar seguridad privada para el control de manifestaciones y pone en cuestión la pretensión de prohibir grabar a los agentes en el desarrollo de sus funciones. El texto, que deberá aprobar el pleno del CGPJ, pone en cuestión la constitucionalidad de parte del articulado de la ley que prepara el Gobierno.
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