Dado el nivel de rechazo popular al fracking, el gobierno cántabro, del PP, resolvió impulsar su prohibición, a pesar de la contradicción que ello supone con la postura defendida por sus compañeros de partido a nivel nacional. Dicha divergencia ha provocado incluso que diputados del PP elegidos por Cantabria hayan defendido posiciones contrarias en el Congreso y en la Comunidad.
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