Una de las más llamativas escenificaciones de la "laboriosidad" de la RAE fue la firma, en julio del 2006, de un convenio de colaboración con la Vicepresidencia del Gobierno, por el que la RAE se comprometía a asesorar al Ministerio de la Presidencia para tratar de mejorar la calidad técnica y lingüística de las normas que elabora el Gobierno, «con el fin de procurar una mayor seguridad jurídica y una más fácil comprensión por parte de los ciudadano». A día de hoy nada evidencia que se haya cumplido ninguna de sus líneas de actuación.
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