Al Gobierno central, en manos del PP, no le interesa que los científicos se pronuncien en el Tribunal Supremo sobre las perforaciones para localizar y extraer hidrocarburos frente a las costas de Lanzarote. De hecho, lo trató de impedir a toda costa. Pero la Sala tercera de lo contencioso administrativo del TS acaba de dictar un auto en el que considera de “trascendencia” aclarar la “disconformidad” de criterios sobre la legalidad de los sondeos y si existen las “medidas” de protección ambiental cuya carencia tumbó los permisos en 2004.
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