El Tribunal Constitucional (TC) ha delegado la resolución de un recurso de amparo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, para resolver una impugnación concreta que se le ha planteado, el Alto Tribunal español ha elevado tres cuestiones prejudiciales a la más alta instancia judicial europea. Su objetivo es determinar si la entrega obligatoria de los condenados en rebeldía en otros países, prevista en las euroórdenes, es compatible con las garantías previstas en la Constitución española y en la propia normativa europea.
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