La organización Defensor del Paciente ha denunciado la interrupción del pago público de los tratamientos al menos para una veintena de niños con parálisis cerebral en una unidad multidisciplinar en Castilla y León, unos cuidados que tienen que abonar los familiares de los menores. Esta situación obliga a los padres a sufragar los gastos y a interponer demanda para reclamar el pago con dinero público, como ha ocurrido en el caso de un niño llamado Adrián, cuyo padre también ha comparecido ante los periodistas para explicar su caso.
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