Son un derecho porque los compra el sistema nacional de salud haciéndolos disponibles para quien lo necesite, no porque los produzca el estado.
De la investigación pública a un fármaco que puedas producir, distribuir y meter en el cuerpo de un enfermo hay un trecho enorme. Claro que puede haber farmacéuticas del estado (en España el Ministerio de Defensa tiene la suya, por ejemplo), pero pensar que se puede surtir así de todos los fármacos que necesita la sociedad y estar actualizado es fantasioso, tanto económicamente como por organización.
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