Es ampliamente sabido que uno de los rasgos más peculiares del mercado laboral español es el de la “temporalidad”, aunque el Estatuto de los Trabajadores se decante de manera indudable por dar prioridad al contrato de trabajo de duración indefinida o “fijo”.Si vamos a los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística, según la EPA correspondiente al 3º trimestre del año 2020, del total de 16.108.000 asalariados, 3.893.600 eran trabajadores temporales.Concretando algo más, resulta que 1.446.500 de los empleados por tiempo definido, es decir un poco más de 37%, estaban ligados a su empleador por un contrato para la realización de obra o servicio.Según el Estatuto de los Trabajadores esta modalidad contractual es admisible si tiene por objeto la realización de una obra o servicio que, aunque de duración incierta, está limitada en el tiempo. Adicionalmente, esta obra o servicio debe contar con autonomía o sustantividad en relación a la íntegra actividad empresarial.El Estatuto de los Trabajadores, consciente de la indeterminación que rodea a las dos características señaladas, establece ciertas limitaciones y así:a) respecto de la duración, se restringe la vigencia máxima de los contratos a 3 años ampliable en otro año por convenio colectivob) respecto de la autonomía de la obra o servicio, posibilita que los convenios colectivos procedan a concretar las tareas que puedan atenderse con contratos temporalesPara la empresa una manera de eludir la regulación anterior consiste en encomendar a un tercero, denominado contratista, la realización de tareas que tengan cierta sustantividad mediante una relación de carácter mercantil de duración prefijada.Con la actuación comentada el problema de la contratación de trabajadores se desplaza de la empresa “principal” a la empresa "contratista" para la que, al quedar ligada por un contrato mercantil de vigencia temporal definida, resulta coherente acudir a la contratación temporal de trabajadores.De forma simplista, esta era la estructura relacional aceptada en el mercado laboral español hasta que, en Diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo ha modificado su doctrina (exposición algo más amplia en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2021/01/20/contrato-para-obra-o-servicio-las-contratas/) en el sentido de que:cuando la actividad esencial de una empresa es prestar servicios a terceros, sustentada en el establecimiento de relaciones mercantiles, no puede admitirse que fundamente su desarrollo en una plantilla sujeta al régimen de contratación temporal

Desde los primeros meses del año, siguiendo la línea marcada por el TSJ de Canarias en la sentencia 44/2020, de 20 de Enero, se vienen produciendo resoluciones judiciales favorables al derecho al "complemento por maternidad" de pensiones de las que son beneficiarios varones.Esta jurisprudencia se fundamenta en la sentencia del 12 de Diciembre de 2019 en el asunto C-450/18 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se declaró que constituye una discriminación directa por razón de sexo, prohibida por la Directiva 79/7/CEE, la normativa contenida en el art. 60.1 de la Ley de la Seguridad Social por la que, cumpliendo una serie de requisitos, se posibilita la aplicación de un complemento de pensión en favor de las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados (más desarrollado en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/12/03/complemento-por-maternidad-discriminacion-por-sexo/).Dado que la naturaleza jurídica del complemento por maternidad es la de pensión pública contributiva, la declaración judicial del TJUE hace viable el que los varones que sean beneficiarios, en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social, de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente puedan solicitar su reconocimiento.En relación a la tenencia de hijos se establecen dos requisitos:a) en el plano cuantitativo, su número mínimo es de dosb) en el plano temporal, su existencia debe ser anterior al hecho causante de la pensión complementadaOtra exigencia legal, impuesta por la Disp. final tercera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, es que la pensión objeto de complemento haya sido causada a partir del 1 de Enero del citado ejercicio.Por otra parte, debe señalarse que el complemento no es aplicable en los casos de acceso anticipado a la jubilación por voluntad del interesado ni en los de jubilación parcial hasta que, en este caso, se acceda a la jubilación plena.Siguiendo la jurisprudencia asentada por el Tribunal Supremo en la sentencia de casación 5455/2016, de 24 de Noviembre, los efectos del reconocimiento del complemento se retrotraen a la fecha anterior en tres meses a la de presentación de la solicitud. 

El pasado 20 de Octubre, el Congreso de los Diputados procedió a ratificar que se da el presupuesto habilitante para superar los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública. En concreto, el tenor del art. 135.4 de la Constitución es:“Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados” Antes de seguir con la cuestión, conviene recordar que fue el 11 de Marzo pasado cuando la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial y los efectos de la enfermedad eran de tal magnitud en nuestro país que el Gobierno decretó el estado de alarma el 14 de Marzo, estableciendo una amplia paralización de la actividad comercial y un severo confinamiento domiciliario. En posteriores Reales Decretos-ley se fueron concretando medidas de contenido económico que, entre otras cosas, fueron configurando el llamado “escudo social” y cuyo impacto negativo en las cuentas públicas era fácilmente previsible.De hecho, la Comisión Europea, previendo un futuro escenario económico adverso que daría lugar a importantes déficits presupuestarios, el 20 de Marzo activó la llamada “cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento” permitiendo que España pueda desviarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Esta licencia está constreñida temporalmente a los ejercicios 2020 y 2021.Para comprender por qué se ha retrasado hasta Octubre el solicitar al Congreso el refrendo de la existencia de la causa excepcional que posibilita la “suspensión de las reglas fiscales”, según expresión de la Ministra de Hacienda, hay que tener en cuenta que, desde el 1 de Enero de 2020, el límite de déficit estructural para el Estado y las CCAA es el equilibrio presupuestario y que el límite de volumen de deuda pública es el 60% de PIB.Al concluir el ejercicio 2019, el déficit estructural suponía el 4% del PIB y la deuda pública ascendía al 95,5% del PIB, según los datos contenidos en el Plan Presupuestario 2021 remitido a la Comisión Europea el pasado 15 de Octubre y pendiente su de dictamen.Es decir, que antes de declararse la pandemia los límites de déficit y deuda ya estaban sobrepasados y sin posibilidad real de alcanzarlos, no cabiendo otra opción que una reforma legal modificando su entrada en vigor.Esta “desidia” hacia la legislación presupuestaria interna, predicable de la Administración actual y de la que le precedió, se hace patente si analizamos la postura del Gobierno ante una de las exigencias previstas legalmente una vez confirmada por el Congreso la concurrencia de la circunstancia que permite obviar los límites de déficit y de deuda. El asunto al que me refiero es que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prescribe que se apruebe un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento que, en el caso de la Administración Central, deberá ser elaborado por el Gobierno y presentado a las Cortes Generales en el plazo de un mes desde la apreciación de la causa extraordinaria. El plan de reequilibrio debe recoger, entre otras cosas, la senda prevista para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria, desagregando la evolución de los ingresos y los gastos, y de sus principales partidas.La recomendación de elaborar planes de reequilibrio a medio plazo por el Estado y las CCAA, basados en una estrategia conjunta y coordinada, ha sido formulada en diversas ocasiones a lo largo del ejercicio por la AIReF y, según se recoge en su “Informe sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, el Ministerio de Hacienda considera que ya está atendiendo la sugerencia con la confección del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 2021-2023.Por descontado, la AIReF estima que la actuación es insuficiente, porque el Plan fiscal a medio plazo requerido debe recoger las previsiones de los principales agregados fiscales, para que pueda servir como instrumento de política presupuestaria en un calendario plurianual.En esta dirección apunta el comentario de uno de los diputados intervinientes en el trámite de parlamentario del pasado día 20 de Octubre, que transcribo:“La ley obliga al Gobierno a traer a esta Cámara en el plazo de un mes un plan de reequilibrio, una estrategia de consolidación fiscal creíble que nos devuelva a la senda de la estabilidad presupuestaria —en este país se ha perdido el llamado santo temor al déficit—, y necesitamos un plan de reequilibrio que disipe, despeje todas aquellas dudas acerca de su compromiso con la salud de las cuentas públicas, con el proceso de consolidación presupuestaria, tan necesaria y exigida por Europa, y que sitúe nuestro nivel de endeudamiento fuera de riesgo”.El Plan de Reequilibrio es aconsejable porque, en estos momentos, todas las previsiones son de corto plazo, ya que son las contenidas en el Plan Presupuestario 2021 (breve comentario en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/10/24/plan-presupuestario-de-2021/) en el que, para el año que viene, se augura un déficit del 7,7% del PIB y una deuda pública del 117,4% del PIB.

La Constitución impone al Gobierno la obligación de presentar, ante el Congreso de los Diputados, la Ley de Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Teniendo en cuenta que la Ley General Presupuestaria dispone que el ejercicio presupuestario coincide con el año natural, la conclusión es que la obligación constitucional, en su aspecto temporal, se concreta en que la presentación del proyecto de Presupuestos debe realizarse antes del comienzo del mes de Octubre. Antes de continuar, conviene matizar que los Presupuestos Generales del Estado van referidos a los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal entre las que se encuentran, por ejemplo, las entidades gestoras de la Seguridad Social.Desde un enfoque económico más global, los Presupuestos del Estado quedan encuadrados en un marco presupuestario más amplio tanto en sentido subjetivo, que incorpora al resto de Administraciones Públicas, como en sentido temporal, que contempla un escenario plurianual, cuyo fin último es la consecución y cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria establecido legalmente en el equilibrio estructural.Como ratificación de lo dicho en el párrafo anterior hay que subrayar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prescribe que los proyectos de Presupuesto de las Administraciones Públicas (AAPP), por tanto también los del Estado, habrán de acomodarse a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aprobados por las Cortes Generales.Aunque suene extraño, lo cierto es a que, día de hoy, hay unos objetivos de estabilidad presupuestaria en vigor. En concreto, dichos objetivos fueron acordados por el Gobierno el pasado 11 de Febrero y aprobados por el Congreso y el Senado el 27 de Febrero y el 4 de Marzo, respectivamente.Como en la fecha del acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de Febrero aún cabía la posibilidad de presentar unos Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio en curso, se fijó el 1,8% del PIB como objetivo de déficit de las Administraciones Públicas en 2020. Por otro lado, hay que decir que, a primeros de año, había entrado en vigor la prohibición de incurrir en déficit estructural para cualquier Administración Pública.La declaración de la pandemia de Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, propició que la Comisión Europea activara el 20 de Marzo la llamada “cláusula de salvaguarda” que permite a los Estados miembros, en períodos de crisis económica grave, adoptar medidas presupuestarias extraordinarias para hacer frente a la situación que no son consideradas a la hora de evaluar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que, por tanto, posibilitan un incumplimiento temporal de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.Nuestro ordenamiento presupuestario, a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, también contempla la posibilidad de que el Estado y las CCAA, en situación de grave recesión económica que haga peligrar la sostenibilidad social, apreciada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, puedan incurrir en déficit estructural. Ahora bien, se exige que en estos casos se apruebe un “Plan de Reequilibrio” que permita la corrección del déficit estructural, puesto que el límite u objetivo impuesto por ley es el equilibrio, teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que origina el incumplimiento.Cuando, el 30 de Abril pasado, el Gobierno hizo pública la “Actualización del Programa de Estabilidad 2020” estaba en vigor el estado de alarma, declarado el 14 de Marzo con el fin de contener la expansión de la pandemia del Covid-19 y evitar el colapso del sistema sanitario, con un fuerte impacto en la economía puesto que impuso la paralización de gran parte de la actividad comercial y un severo confinamiento domiciliario.Teniendo en cuenta este nuevo escenario, la previsión gubernamental de déficit de las AAPP para el ejercicio actual se estableció en el 10,34% del PIB para el que, a su vez, se estimaba una caída del 9,2% en términos reales.Los últimos pronósticos sobre la evolución de la economía confirman, o incluso empeoran, la hipótesis del Gobierno (la estimación del Banco de España de Septiembre establece la caída del PIB en un rango que va del 10,5% al 12,6%) y el déficit de las Administraciones Públicas a mitad de ejercicio (ampliación del tema en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/09/30/deficit-de-las-aapp-hasta-mediados-de-2020/) se ha situado en el 6,45% del PIB previsto.El Programa de Estabilidad citado más arriba, en cumplimiento las previsiones del Reglamento (CE) relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, fue objeto de un dictamen por parte del Consejo de la Unión Europea quien el 20 de Julio formuló sus recomendaciones para España en relación a los ejercicios 2020 y 2021. Durante buena parte del verano, el asunto que ha centrado la atención del Gobierno ha sido el establecimiento y concreción de un mecanismo financiero por parte de la Unión Europea dirigido a conseguir una recuperación de la economía en los próximos años y que prestase especial atención a los países que, como el nuestro, van a sufrir un mayor daño socioeconómico. El desarrollo de esta cuestión concluyó con las decisiones del Consejo Europeo del 21 de Julio que incluyen la propuesta de creación del Next Generation UE como marco de medidas destinadas a la recuperación económica de la Unión Europea.Dentro del Next Generation UE el programa de actuación más importante es el denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dotado con 672.500 millones de los que 360.000 millones se destinarán a préstamos y 312.500 millones a subvenciones. Los Estados miembros deben elaborar “Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia” que expongan el programa de reformas e inversiones para el periodo 2021-2023 que serán evaluados por la Comisión Europea, en el plazo de 2 meses tras su presentación, valorándose positivamente su adecuación a las recomendaciones recibidas, su aportación al crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social y su contribución efectiva a la transición ecológica y digital.Por otra parte, entre los compromisos del tramo final del Semestre Europeo que se establecen en el Reglamento (UE) sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro, se encuentra el de presentar a la Comisión Europea y el Eurogrupo, antes del próximo 15 de Octubre, el “Proyecto de Plan Presupuestario" para el año 2021 que, entre otras cosas, debe informar sobre el déficit previsto para las AAPP.Ante la magnitud de la tarea presupuestaria a la que tiene que hacer frente el Ejecutivo (Plan de Reequilibrio, Proyecto de Plan Presupuestario para 2021, Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia), no acabo de entender por qué los Presupuestos Generales del Estado, a los que reconozco su enorme importancia, se han convertido para el Gobierno en la piedra angular de su política nacional hasta final de año, salvo que se ponga la atención en esa especial potencialidad que se atribuye a la incapacidad de lograr su aprobación para provocar el final de la legislatura.Tampoco comparto la querencia gubernamental a mantener su contenido bajo un manto de secretismo para, según alguno de sus miembros, facilitar la consecución de apoyos de otras fuerzas políticas cuando, sin ir más lejos, el Reglamento (UE) n° 473/2013 dispone:“Cada año, a más tardar el 15 de octubre, deberá hacerse público el proyecto de presupuesto de la administración central para el ejercicio siguiente, junto con los principales parámetros de los proyectos de presupuesto de todos los demás subsectores de las administraciones públicas.”

Con motivo de la posición mantenida por los Países Bajos durante la negociación del fondo de 750.000 millones para la recuperación europea, cuyo nombre exacto es Next Generation UE, he leído artículos en los que se explica cómo los llamados “países frugales” practican una política tributaria que, mediante el expediente de constituirse en un “paraíso fiscal” dentro de la Unión Europea en el ámbito del impuesto sobre la renta de sociedades, es perjudicial para el resto de los socios comunitarios (en este sentido ver https://kaosenlared.net/paises-frugales-paraisos-fiscales/).De entrada, debe reconocerse que el acuerdo del Consejo Europeo del pasado 21 de Julio, por el que se acepta que 390.000 millones del Next Generation UE se materialicen en subvenciones para acometer inversiones, es favorable para nuestro país.Considerando que la devolución de los recursos que se tomen de los mercados financieros para constituir el Fondo irá con cargo al presupuesto de la Unión y que España contribuye al mismo con cerca de un 10%, haciendo cálculos gruesos tenemos que de los 72.700 millones que, según el Gobierno, se recibirán en concepto de transferencia, algo menos de 39.000 millones serían un adelanto de la contribución española a los presupuestos y la ayuda recibida de nuestros socios sería la diferencia restante. Es decir que, a fondo perdido, España va a recibir alrededor entre 35.000 a 40.000 millones.Por supuesto, el que el Fondo alcance su finalidad sigue condicionado a muchos factores como, por mencionar alguno, la aprobación por los Estados miembros, conforme a sus propios requisitos constitucionales, de la decisión sobre recursos propios que permita el endeudamiento a nivel europeo o la obtención del visto bueno al “plan nacional de recuperación y resiliencia 2021-2023” en el que España concretará el destino de los fondos recibidos.En relación al reproche a los Países Bajos de actuar como un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea, lo primero que debe apuntarse es que en materia tributaria, salvo en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, los Estados miembros tienen total autonomía, por lo que una tributación privilegiada, como la que este país aplica a los rendimientos derivados de la propiedad intelectual, que ha dado lugar a prácticas fiscales como el denominado “sándwich holandés”, no constituyen ninguna infracción de derecho comunitario.En todo caso, cabría plantearse este asunto en el marco del tratamiento a dar a los rendimientos por “cánones” en los convenios para evitar la doble imposición internacional.Sin formar parte del grupo de los “países frugales”, Irlanda es considerada otro de los paraísos fiscales y el caso de su disputa jurídica con la Comisión Europea, recientemente resuelta a su favor por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (resumen en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/07/28/comision-europea-y-appel/), nos da una idea concreta de cómo se materializa y en qué consiste una actuación como paraíso fiscal.La controversia gira en torno a unos acuerdos fiscales cerrados con las sociedades del Grupo Apple que, a la postre, llevaron a gravar los beneficios obtenidos por éstas en el territorio irlandés a un tipo efectivo muy inferior al establecido por su legislación (12,5% para los ingresos comerciales) para otros sujetos pasivos de igual condición fiscal.En mi opinión, como se deduce si se analizan la decisión de la Comisión Europea impugnada y la sentencia del Tribunal General, el comportamiento de Irlanda con el Grupo Apple pretende darle una “compensación” por los 18.000 puestos de trabajo (unos 6.000 directos) que genera para el país.El caso concreto ilustra que la actuación de Irlanda, con seguridad, perjudica a las empresas competidoras del Grupo Apple, pero no directamente a España ni a ningún otro miembro de la Unión Europea.Si se estima que la competencia para atraer la instalación en el territorio de empresas no debe basarse en la tributación de los beneficios, podría explorarse la vía que ofrece el art. 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión con el fin de “armonizar” la normativa sobre el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas de los Estados miembros.NOTA: Para terminar y sin que tenga conexión con lo anterior, propongo que en la normativa española sobre tributación de sociedades no se considere como gasto deducible a efectos del impuesto el exceso de salario sobre cierta cuantía, que podría estar entre 10 y 20 veces el importe del salario mínimo interprofesional, para combatir las diferencias exorbitantes de sueldos en el sector privado. 

El pasado 30 de Abril, el Tribunal de Cuentas aprobó la “Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018” (https://www.tcu.es/repositorio/82b7de8c-c244-4a79-8050-6c99b286baaa/D1366.pdf).El documento contiene un “párrafo de énfasis” en el que se pone de relieve que, por segundo año consecutivo, el balance de la Seguridad Social recoge un patrimonio neto negativo, es decir, que su activo total es inferior a su pasivo exigible o, dicho en román paladino, que está en quiebra técnica.Según el Tribunal de Cuentas, a 31 de diciembre de 2018, la diferencia negativa entre el activo y al pasivo ascendía a 33.260 millones y tenía su origen en las operaciones de gestión ordinaria. En el año 2018, la solución adoptada para cubrir los gastos corrientes, que fundamentalmente son pensiones, ante la insuficiencia de recursos recurrentes, básicamente cotizaciones sociales, fue acudir al préstamo concedido por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social elevando el endeudamiento a 41.191 millones.Como en 2019 se tomó la misma decisión de apelar al préstamo del Estado para financiar el desfase entre recursos y empleos, a Marzo de 2020, la deuda de la Seguridad Social ascendía a 55.025 millones.En lo que va de ejercicio, aunque al primer trimestre las cuentas del Sistema de la Seguridad Social presentaban un pequeño superávit (resumen en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/06/02/seguridad-social-datos-del-1o-trimestre-de-2020/), el Gobierno, por acuerdo de Consejo de Ministros del 14 de Abril, aprobó la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones y, por Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, el Estado le concedió un préstamo por 16.500 millones.A mi entender, este asunto de los préstamos a la Seguridad Social no es conforme a derecho porque:a) La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (art. 11.5, que entró en vigor a principio de año), establece:"Las Administraciones de Seguridad Social mantendrán una situación de equilibrio ........ presupuestario"Lo anterior significa que los gastos corrientes deben sufragarse sin recurrir a préstamos, luego el acuerdo del Consejo de Ministros del 14 de Abril pasado por el que se prevé la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones, con el objetivo de proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social, es nulo de pleno derecho.b) La Ley General Presupuestaria (art. 111.2) prescribe:"Los demás organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal (al que pertenecen las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social), ....., sólo podrán concertar operaciones de endeudamiento si así lo autoriza de forma expresa la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y dentro de los límites que dicha Ley establezca"La Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor (Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada por previsión constitucional) prevé la posibilidad de que el Gobierno autorice la concesión por parte del Estado de préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe de 13.830.090 miles de euros (el aprobado por el acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de Abril pasado).Por tanto el préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 16.500.000.000 de euros previsto en el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, contraviene la legalidad.Los apoyos financieros del Estado a la Seguridad Social debieran instrumentalizarse mediante transferencias no reembolsables y no a través de préstamos.Creo que esta práctica de otorgar préstamos a la Seguridad Social, que comenzó con los Gobiernos de derechas pero que está siendo secundada con ahínco por los Gobiernos de izquierdas, al margen de ser contraria a la legalidad, conduce a justificar ante los ciudadanos el imprescindible desmantelamiento del actual sistema público de pensiones, al mostrar una imagen financiera de la Seguridad Social insostenible, para reconducirlo a un modelo de corte anglosajón basado en la percepción de una pequeña cantidad por pensión de jubilación que es preciso complementar con otras rentas. 

El 14 de Junio del año pasado, mediante la Decisión (UE) 2019/1001, el Consejo de la Unión puso fin al procedimiento por déficit excesivo abierto a nuestro país en el ejercicio 2009, ya que el déficit de las Administraciones Públicas se situó por debajo del 3% del PIB en el año 2018. A partir de 2019, España quedó sujeta al componente “preventivo” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que le obliga a: i) avanzar a un ritmo adecuado hacia su objetivo presupuestario a medio plazo, establecido en el equilibrio estructural, ii) respetar el valor de referencia para el gasto público y iii) cumplir el criterio de deuda, de conformidad con el art. 2.1bis del Reglamento (CE) nº 1467/97. En esta nueva situación, España debía realizar un esfuerzo fiscal de reducción del déficit estructural, es decir, descontado el efecto del ciclo y las medidas de ingresos y gastos no recurrentes y a limitar el crecimiento del gasto público discrecional neto de medidas de ingresos. En concreto, el 13 de Julio de 2018, el Consejo de la Unión dirigió una recomendación a nuestro país en la que se le instaba a adoptar medidas con el fin de garantizar que la tasa máxima de crecimiento del gasto público primario neto no excediera del 0,6% en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB. La Comisión Europea, en sus previsiones de la primavera de 2019, ya advirtió sobre el riesgo de que en ese año se produjera una “desviación significativa” en relación a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Para valorar la importancia de una desviación se siguen los siguientes criterios: a) cuando se evalúe el cambio del saldo estructural, que sea, al menos, del 0,5% del PIB en un solo año o del 0,25% del PIB como promedio anual en dos años consecutivos b) cuando se analice la evolución del gasto, excluyendo las medidas discrecionales relativas a los ingresos, que tenga una repercusión total en el saldo presupuestario de las administraciones públicas de, al menos, el 0,5% del PIB en un solo año o de forma acumulada en dos años consecutivos. El pasado 26 de Febrero, conforme a la previsión contenida en el art. 5.1 del Reglamento (UE) nº 1176/2011, la Comisión Europea llevó a cabo un “examen exhaustivo” sobre España. Entre las consideraciones contenidas en el examen se hacía referencia a que la evaluación del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se realizaría en esta primavera, cuando se dispusiera de los datos definitivos para 2019.La evaluación comentada, posiblemente, se incluirá en el dictamen que el Consejo de la Unión Europea emitirá sobre la “Actualización del Programa de Estabilidad 2020-2021” (APE) remitida por el Gobierno el pasado 30 de Abril (breve reseña en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/05/17/programa-de-estabilidad-2020-2021/) y que debe formularse en el plazo de 3 meses a contar desde su presentación. En su Informe sobre la “Actualización del Programa de Estabilidad 2020-2021” del pasado 6 de Mayo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que preside Cristina Herrero Sánchez, considera que en el cumplimiento de las exigencias contenidas en la recomendación del Consejo de 13 de Julio de 2018 se ha producido una desviación significativa. Según la AIReF, en 2019, se desarrolló una la política fiscal expansiva que dio lugar a que: 1) el déficit estructural aumentase, pasando del 1,7% al 2,3% de PIB, por lo que se habría producido una variación de sentido opuesto a la solicitada que consistía en una reducción del déficit en un 0,65% del PIB. La desviación en relación a la trayectoria marcada supera el 0,5% del PIB y, en consecuencia, debe calificarse de “significativa”. 2) el gasto computable, neto de medidas de ingresos y elementos no recurrentes, creciera un 4,4% cuando lo pedido fue que no superara el 0,6% en términos nominales, lo que ha tenido una repercusión del 1,4% del PIB en el saldo presupuestario que excede del límite fijado en el 0,5% del PIB, por lo que la variación también de considerarse como “significativa”. Frente a lo anterior, la Ministra de Hacienda, en comparecencia del pasado 1 de Mayo, hacía la siguiente inaudita afirmación (sic): “….España cerró 2019 con un déficit del 2,8%, lo que permite cumplir con el Pacto de Estabilidad por segundo año consecutivo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez consiguiera sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, en el año 2018, al lograr un déficit inferior al 3% por primera vez desde el inicio de la crisis del año 2008…” Debe tenerse en cuenta que, según el art. 6.2 del Reglamento (CE) n° 1466/97, en el caso de que se aprecie una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, y para impedir la aparición de un déficit excesivo, la Comisión dirigirá una advertencia al Estado miembro.

Según dispone la Disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en este año debiera cumplirse el límite fijado en la norma que da concreción al principio de estabilidad presupuestaria.Como punto de partida ha de tenerse en cuenta que la estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas (AAPP) queda definida legalmente (art. 3.2 de la LOEPSF) como “la situación de equilibrio o superávit estructural”.La justificación económica de unas finanzas públicas saneadas está en que se consideran una de las condiciones para lograr un desarrollo económico sostenible por su contribución a, entre otras cosas, mantener la inflación controlada y los tipos de interés bajos. Además, posibilitan el contar con un margen de reacción ante situaciones de crisis económica.Volviendo sobre la cuestión inicial, el límite relativo a la estabilidad presupuestaria que entró en vigor el 1 de Enero de 2020 es el establecido en el art. 11.2 de la LOEPSF, donde se prescribe que “ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural”.Por tanto, desde un punto de vista a largo plazo o de permanencia en el tiempo, las AAPP vienen obligadas a que los gastos o empleos por operaciones corrientes y de capital en los que incurran sean inferiores a los ingresos o recursos por los mismos conceptos citados de los que disponga, una vez descontados los efectos imputables al ciclo económico. El que los gastos superen a los ingresos solo es admisible por motivos pasajeros y llamados a desaparecer en el corto plazo por lo que, en consecuencia, únicamente son posibles déficits coyunturales.El límite legal de la imposibilidad de incurrir en déficit estructural se estableció en 2012. Hay que tener presente que, por aquellos tiempos, nuestro país se encontraba bajo los adversos efectos económicos de la “gran depresión” de 2008 que le habían llevado a un desfase negativo de sus cuentas públicas en torno al 10% del PIB. Por este motivo, en LOEPSF se estableció un régimen transitorio para alcanzar la estabilidad presupuestaria basado en llevar a cabo una paulatina reducción del déficit estructural en una cuantía prefijada legalmente o en la impuesta por las instituciones europeas con motivo de quedar sujeto a un procedimiento por déficit excesivo, como así era el caso.El procedimiento por déficit excesivo al que estaba sujeta España, que se plantea cuando el déficit sobre el PIB en precios de mercado supera el 3% y que se inició en 2009, se dio por concluido por el Consejo de Unión Europea en 2019. En ese ejercicio, las estimaciones del déficit estructural de las AAPP, según el Gobierno y la Comisión Europea, se establecían en un rango comprendido entre el 2,6% y el 3,1% del PIB.Por supuesto, al déficit estructural de las cuentas públicas nacionales contribuyen los distintos subsectores administrativos entre los que se encuentra el llamado “Fondos de la Seguridad Social”, que está constituido por el Sistema de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).Respecto de este subsector administrativo hay que apuntar que la LOEPSF prevé la siguiente regla específica:“Las Administraciones de Seguridad Social mantendrán una situación de equilibrio o superávit presupuestario”Lo anterior viene a significar que los gastos deben financiarse sin recurrir al endeudamiento. Además la ley permite que, excepcionalmente, las Administraciones de la Seguridad Social incurran en déficit estructural de acuerdo con las finalidades y condiciones previstas en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que se creó para atender a las necesidades en materia de prestaciones contributivas. En este caso, el déficit estructural máximo admitido para la Administración Central se minorará en la cuantía equivalente al déficit de la Seguridad Social.Una breve revisión de los resultados de los últimos ejercicios de las cuentas del Sistema de la Seguridad Social (puede verse una referencia al resultado del año 2019 en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/04/23/deficit-del-sistema-de-la-seguridad-social-en-2019/) muestra dos hechos que se compadecen mal con las previsiones legales:a) de un lado, desde el año 2017, se viene recurriendo a préstamos del Estado para hacer frente a los gastos y, por ende, incumpliendo la exigencia del equilibrio presupuestariob) de otra parte, hace ya unos cinco ejercicios que las cuentas presentan un déficit estructural en el componente contributivo, que estimo del alrededor del 1,25% del PIB para el año pasado, al que difícilmente puede atribuírsele la cualidad de la excepcionalidad.En conclusión, sin más demoras deben adoptarse medidas para ir logrando el reequilibrio financiero del Sistema de la Seguridad Social y la adecuación de su situación presupuestaria a la legalidad. A mi juicio, en primer lugar, deben estudiarse las siguientes actuaciones de “reasignación” de recursos entre Administraciones y que, por tanto, no afectan al resultado integrado de todas ellas:a) ingresar por el Estado y las CCAA los importes recaudados por IRPF (o, al menos, las retenciones a cuenta del Impuesto) que traigan su causa en los rendimientos del trabajo declarados por los contribuyentes con origen en pensiones contributivas, puesto que éstas se satisfacen con cargo a las cotizaciones sociales (estimación de recursos para el Sistema por 6.500 millones)b) asumir por la Administración Central las remuneraciones del personal de la Seguridad Social (estimación de ahorro de gastos para el Sistema por 2.000 millones)c) transferir por el SEPE las cantidades dejadas de ingresar con motivo de las reducciones aplicadas en las cotizaciones sociales con el fin de incentivar el empleo autónomo o la contratación de asalariados (estimación de recursos para el Sistema por 1.500 millones)

En los días previos a la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los Estados miembros de la zona euro (“Eurogrupo”), que comienza esta mañana y que tiene la misión de concretar los mecanismos financieros que la Unión Europea va a poner a disposición de los Estados miembros para hacer frente el impacto económico negativo que en las cuentas públicas nacionales provocará la pandemia del Covid-19, el Presidente del Gobierno ha venido declarando que "España” no renunciará a los eurobonos, a los que considera la prueba definitiva de la solidaridad europea, ya que comportan una “mutualización” de deudas.Una de las primeras cuestiones que habría que considerar es que, a día de hoy, la Unión Europea la conforman 27 países. Sin embargo, las decisiones que adopte el Eurogrupo solo afectarían a los 19 Estados miembros que han adoptado como moneda el euro. En este sentido, debiera planearse si la solidaridad que se reclama va a llegar a países como Polonia o Suecia.En segundo lugar, hay que recordar que los Estados miembros de la zona euro cuentan con una institución financiera internacional, denominada Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), creada con la finalidad de prestarles asistencia financiera en caso necesario, supeditada a condiciones estrictas, si corre el riesgo de no poder acceder con normalidad a la financiación en el mercado. La condicionalidad asociada al instrumento en el que se materialice la asistencia financiera debe exponerse con precisión en un "memorándum de entendimiento" y la vigilancia de su cumplimiento recae en la Comisión Europea en coordinación con el BCE y, en su caso, con el FMI.El MEDE se fundamenta en la necesidad de preservar la estabilidad financiera de la zona euro que, por la interrelación existente entre las economías de los países que la constituyen, puede verse comprometida si uno de sus miembros tiene dificultades para obtener recursos financieros por las vías habituales.Siendo la prevención el mejor instrumento para evitar un problema, la Unión Europea se ha dotado de una serie de normas, que configuran el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), pensadas para conseguir la estabilidad financiera en todos los miembros. Estas normas buscan que los Estados miembros tengan unas situaciones similares en cuanto a déficit y deuda del sector público. Es en materia del cumplimiento del PEC en donde nuestro país ha venido renqueando de manera continuada como lo muestra el que, en 2016, estuvo a punto de ser sancionado por infringirlo o que, el año pasado, haya vuelto a faltar al compromiso de déficit asumido ante las instituciones europeas (en este sentido https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/04/07/deficit-publico-en-2019-otro-incumplimiento/).En fin, sin negar las razones financieras que juegan en favor de los eurobonos, el comportamiento que las distintas administraciones españolas han mantenido durante los últimos ejercicios en relación a la observancia de las normas europeas sobre estabilidad, coordinación y gobernanza económica resta fuerza moral a las apelaciones hechas a la cohesión y solidaridad europea.  Desde un punto de vista práctico, el hecho de que a nivel de la UE no se hayan estipulado unas medidas comunes en cuestión de suspensión de la actividad económica para enfrentar la crisis sanitaria implica que cada país tendrá un coste diferente en función de las que, de forma soberana, haya adoptado y esto se compadece mal con la mutualización de las deudas que se deriven de tales acciones.

Aunque en estos momentos el tema central de atención sea la crisis sanitaria creada por el Covid-19, creo interesante recordar que está pendiente de resolución la cuestión de las “devoluciones en caliente” porque, en primer lugar, la ciudadanía va a quedar muy sensibilizada ante la posibilidad de que enfermedades infecciosas puedan ser introducidas por migrantes, en segundo lugar, el parón económico que se ha producido por las medidas dispuestas para tratar de paralizar la marcha expansiva de la pandemia repercutirá negativamente en el mercado laboral y reavivará la inacabable discusión sobre la necesidad de contener de forma expeditiva la migración económica y, por último, según sea la postura concreta del Tribunal Constitucional, podrían aflorarse discrepancias entre los socios del Gobierno de "Coalición" sobre actuaciones a desarrollar sobre la materia.Entrando ya en el tema, hay que recordar que, el pasado 13 de Febrero, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que, de forma sucinta, se admite la pérdida del derecho a las medidas jurídicas cautelares previstas en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales cuando un migrante, sin que existan razones que le impidan hacerlo, obvie los procedimientos legales que le permitirían el acceso a territorio español y pretenda hacerlo de forma arbitraria (ampliación en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/03/14/devolucion-en-caliente-supuesto-de-admisibilidad/).Esta sentencia tiene su causa en unos hechos ocurridos en 2014, cuando la Guardia Civil entregó a Marruecos a un grupo de unos 75-80 migrantes subsaharianos, que habían saltado las vallas del puesto fronterizo de Melilla, sin incoar ningún procedimiento administrativo de expulsión que hubiera permitido conocer las circunstancias que concurrían en cada caso concreto.Posteriormente, en 2015, el Gobierno del Partido Popular procedió a modificar la ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para acoger lo que se denominó las "devoluciones en caliente" en la frontera de Ceuta y Melilla.Es esta disposición legal relativa a esas devoluciones sumarias la que fue objeto de dos recursos de inconstitucionalidad que siguen pendientes de resolución por parte del alto tribunal quien, en todo caso, deberá tomar en consideración el criterio formulado en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que podría resumirse en la expresión “si la entrada es ilegal, entonces la expulsión es legal”.

El pasado 4 de Febrero, fueron convalidados los dos Reales Decretos-ley que llevan a efecto el incremento de las retribuciones en el ámbito del sector público y la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social.La primera de las medidas adoptadas, que tiene su origen en un acuerdo alcanzado en Marzo de 2018 entre el Gobierno del Partido Popular y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, prevé un aumento salarial del 2% que el Gobierno estima, en términos absolutos, en un monto de 3.264 millones.Por su parte, la segunda decisión adoptada en cumplimiento del compromiso anunciado en los programas electorales de los partidos que conforman la actual “coalición” de Gobierno entre PSOE y UP, establece una subida de las pensiones contributivas de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado de un 0,9%. En este caso, la cuantía de gasto estimada es de 1.406 millones.En resumen, nada más comenzar el ejercicio, cuando según la mayor parte de las estimaciones nuestro país no cumplirá con el objetivo de déficit de 2019 (ampliación en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2019/12/25/deficit-de-las-administraciones-publicas-al-3o-trimestre-de-2019/), fijado por el Gobierno del PSOE en el 2% PIB, se aprueba un incremento estructural del gasto público de más de 4.500 millones sin que, a su vez, se adopten medidas compensatorias (aumento de ingresos o reducción de otros gastos).No entro a valorar la justeza de las medidas aprobadas, aunque debo apuntar que todo lo que suponga afrontar gastos actuales con deuda a pagar en el futuro cuadra mal con la “solidaridad intergeneracional” y, como es sabido, nuestro país tiene contraída una deuda cercana al 100% de PIB pese a que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dispone que no debería superar el 60% del PIB.La irresponsabilidad presupuestaria de las formaciones políticas tiene alguna excepción, como puede comprobarse en las intervenciones que constan los diarios de sesiones del Congreso donde se hacen apreciaciones tan razonables como (sic):“plantear una subida de las pensiones sin incluirla en un marco de reformas que hagan posible la viabilidad social y financiera del sistema constituye un ejercicio de irresponsabilidad. Además, a corto y medio plazo esta decisión reviste una especial gravedad, cuando la Seguridad Social lleva años arrojando un déficit del 1,5% y cuando el déficit para el conjunto de la Administración pública se situará este año 2020 alrededor del 2,5% del PIB, desbordando con ello los objetivos acordados con la Comisión Europea”.Sin embargo, el mismo grupo parlamentario que apuntaba lo anterior respecto de la actualización de las pensiones públicas omitía esta razón entre las aducidas para no apoyar el aumento de las retribuciones públicas.

Este año 2020, en el que ya se ha aprobado una actualización del 0,9% de las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, si no se consigue aprobar unos nuevos Presupuestos de la Seguridad Social, habrá que recurrir a la figura de la “ampliación de crédito” para hacer frente a los gastos reales por pensiones y prestaciones.Además, como los mayores ingresos sobre los presupuestados no serán suficientes para financiar los gastos, habrá que echar mano, otro año más, del Fondo de Reserva y de préstamos concedidos por el Estado.Según el informe al que hace referencia el art. 107 de la Ley de la Seguridad Social, el Fondo de Reserva terminó el ejercicio 2018 con un saldo de 5.043 millones (ampliación en  https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/01/18/fondo-de-reserva-de-la-seguridad-social/ ) de los que hay que descontar la disposición hecha en Diciembre pasado para atender la extra de Navidad de las pensiones (2.900 millones).Ahora bien, el Fondo se ha quedado con poco más de 2.000 millones y, en tanto no haya una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado, el préstamo estatal no podrá superar los 13.830,09 millones.La suma de ambas partidas, a mi juicio, no será suficiente para atender las necesidades de financiación de subsector administrativo de Fondos de la Seguridad Social, conformado por el Sistema de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), por lo que se requerirá de transferencias del Estado para conseguir el equilibrio presupuestario (en Noviembre de 2019 se aprobó una transferencia especial por 600 millones). 

Al concluir 2019, tomando como variable orientativa la afiliación a la Seguridad Social, el mercado laboral ha conseguido un nivel de actividad similar al existente antes de que se iniciase, en 2008, la “gran recesión” en nuestro país (ampliación en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/01/10/evolucion-de-la-afiliacion-a-la-seguridad-social/).En el ejercicio pasado se produjo un aumento de 384.373 afiliados, en tanto que en el año precedente el alza fue de 563.965 personas, lo que confirma la disminución del ritmo de creación de empleo que estaría justificada en la correlativa desaceleración de la evolución positiva del PIB y, quizás también, en la importante subida del SMI llevada a cabo a principios de 2019.En estos más de 11 años desde el inicio de la crisis hemos vivido momentos terribles que se han concretado en una gran cantidad de desempleados, que a día de hoy todavía supera los 3,2 millones de personas, y de un buen número de emigrantes económicos “forzados” que se cifra en cerca de 1 millón de compatriotas.En tanto se manifestaban las consecuencias que he resumido más arriba, nuestros gobernantes han venido tratando de sacar rédito, en su caso, achacando al oponente político las causas que provocaban la negativa evolución del mercado de trabajo o, en caso contrario, erigiéndose en los artífices de los buenos resultados.Un análisis somero de los datos de afiliación muestra que las líneas argumentales de los políticos sobre la asignación de méritos y descalificaciones son, en muchos casos, endebles e, incluso, falaces.Mi parecer resumido es que el mercado laboral español tuvo un profundo derrumbe (entre 2008 y 2012) con motivo de la pérdida de confianza en la economía que provocaron el colapso de los sectores de la construcción y el financiero y que ha seguido una lenta recuperación (entre 2014 y 2019) por el aumento de la confianza económica que se ha sustentado, en especial, en la reducción de gastos financieros (reducción de los tipos de interés por el BCE) y del coste de la energía (disminución del precio del petróleo).

El pasado 22 de Diciembre se dieron a conocer los datos relativos al déficit acumulado por las Administraciones Públicas hasta el tercer trimestre del ejercicio.Las cifras conocidas vaticinan que, salvo sorpresa mayúscula, no se cumplirá el objetivo gubernamental (que no el legal) de concluir el año con un déficit del 2% del PIB (ampliación en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2019/12/25/deficit-de-las-administraciones-publicas-al-3o-trimestre-de-2019/). Hay que recordar que en, el ejercicio 2018, también se incumplió el objetivo fijado del 2,2% del PIB (se cerró en el 2,5% del PIB).Seguramente, la responsable de las finanzas públicas, María Jesús Montero, (a la que también se achaca, en parte, lo ocurrido con las cuentas públicas de la CCAA de Andalucía) argüirá que el fracaso en la tarea de contener el déficit viene motivado, entre otras razones, por la falta de unos “presupuestos”.En relación a la argumentación anterior quiero hacer las siguientes puntualizaciones:1) Para 2018, las Cortes Generales aprobaron los Presupuestos Generales del Estado el 28 de Junio, casi un mes después de la moción de censura que provocó la destitución de M. Rajoy.En consecuencia, la Ministra de Hacienda falta a la verdad al decir que no había unos presupuestos aprobados por los legítimos representantes del pueblo español.2) Para 2019, el Gobierno del Doctor en Economía, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, no ha conseguido aprobar su proyecto de presupuestos y, en aplicación de la previsión constitucional pertinente, se han prorrogado los vigentes, es decir, los del ejercicio 2018.La Constitución es la norma legal suprema, validada por los españoles, que contiene previsiones para resolver situaciones como la surgida con la imposibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos. Luego la Ministra de Hacienda vuelve a obviar la realidad, ya que sí hay unos presupuestos apoyados, aunque de manera indirecta, por los ciudadanos.El resumen a todo lo anterior sería que según la responsable de la cartera de Hacienda:“se han incumplido los objetivos de déficit de las AAPP fijados (en 2019, por el Gobierno) porque tenemos unos presupuestos, respaldados por la voluntad de los españoles, pero que no son los que quiere el Gobierno”.Como colofón, decir que el probable castigo que recibirá María Jesús Montero, si llega a formarse el “gobierno de coalición”, será el de repetir en el cargo.

Desde principios del siglo, el sistema eléctrico español entró en lo que se denominó “déficit tarifario”, es decir, que los ingresos generados por las tarifas satisfechas por los consumidores por el consumo de electricidad no eran suficientes para cubrir los costes de su suministro y otros conceptos, entre los que se encuentran los apoyos financieros otorgados a la generación de electricidad mediante energías renovables que, por otra parte, vienen condicionados por el cumplimiento de los objetivos marcados desde la Unión Europea sobre esta materia. Durante 2013, año en que el saldo neto del déficit tarifario alcanzó los 28.400 millones, el Gobierno del Partido Popular tomó una serie de medidas para reconducir la situación. Una de ellas fue modificar la metodología de determinación del apoyo financiero a la producción de electricidad mediante energías renovables, que había alcanzado un coste de 6.000 millones en el año anterior.El fuerte incremento de instalaciones de generación de electricidad utilizando energías renovables que se produjo durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, especialmente a partir del año 2006, estuvo motivado, entre otras causas, por la fijación de unos precios regulados de compra desorbitados (por ejemplo, el año 2007, para las instalaciones fotovoltaicas se fijó un precio de compra de 440€/MWh, cuando el precio medio en el mercado fue de 39,35€/MWh) y por el descontrol en cuanto a la potencia instalada (por ejemplo, en relación a la energía solar fotovoltaica, el Plan de Energías Renovables 2005-2010 preveía alcanzar para el ejercicio 2010 una potencia instalada de 400 MW, pero se llegó a 3.840 MW).Estos desaciertos atrajeron a una multitud de “inversores” -buena parte de ellos recurrieron a financiación ajena- que vieron la posibilidad de obtener ganancias fácilmente. También los bancos contribuyeron a la burbuja al considerar que prestar para estas inversiones no comportaba ningún riesgo.El cambio en el método de cálculo del apoyo estatal a la generación de electricidad mediante las energías renovables se basó en sustituir la compra de la producción a una tarifa regulada (o al precio de mercado más una prima) por la adición de una “retribución específica” a la rentabilidad obtenida en el mercado (ampliación en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2019/12/05/energias-renovables-rentabilidad-razonable/). Este cambio en las condiciones económicas, que afectó alrededor de 64.000 instalaciones, ha dado lugar a que algunos inversores extranjeros, amparados en que España ha ratificado el Tratado sobre la Carta de la Energía, hayan iniciado frente a nuestro país procedimientos arbitrales reclamando, según la Ministra para la Transición Ecológica, en torno a 10.000 millones en indemnizaciones y en los que ya ha habido condenas por más de 800 millones.La mencionada “retribución específica” debe tomar en cuenta, entre otros factores, el logro de una “rentabilidad adecuada” que se fijó en el 7,398% anual para las instalaciones ya existentes.Los cambios operados, que han tenido un efecto moderado en la reducción media anual del coste por las primas a las renovables en los últimos 5 años (unos 500 millones por año si se toma como referencia el importe contabilizado en 2012, es decir, antes de la reforma), debían revisarse en el ejercicio actual y el Gobierno del Partido Popular ya advirtió que NO mantendría las condiciones iniciales.Aunque la normativa vigente prevé que la rentabilidad razonable se calcule promediando el rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años, en el mercado secundario, en los 24 meses previos al mes de mayo del año anterior al del inicio del periodo regulatorio (es decir, el 1,41%), que se producirá el 1 de Enero próximo, incrementado en un diferencial, el Gobierno en funciones del PSOE, ha optado por mantener la referencia de la “rentabilidad adecuada”, además durante 12 años, en el 7,398%, aunque condicionada a la renuncia a plantear reclamaciones ante tribunales o al desistimiento de las que ya estén en curso. En la próxima ratificación del Real Decreto-ley que ha aprobado mantener la rentabilidad, podrá verse qué otras formaciones políticas, además del PSOE, ponen por encima de los intereses de los consumidores, la seguridad patrimonial de “pseudoinversores”, el balance de los bancos y el enmascaramiento de errores de gestión gubernativa.