#2 Las estadísticas de Interior desvinculan inmigración y delincuencia
El estereotipo falso de los inmigrantes como potenciales delincuentes, alimentado por Vox y en el que el PP se ha empezado a acomodar, no se corresponde con los estudios de ciencias sociales. Sin embargo, cala y revive periódicamente pese a las argumentaciones. “La ciencia no casa con el populismo. No hay duda. No hay relación directa entre migración y delincuencia”, sostiene Elisa García España, catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga. “La percepción es tan fuerte, el estereotipo y el prejuicio es tan p...

otente que es, como dice el sociólogo norteamericano Rubén G. Rumbaut, una idea zombi. Por mucho que la matas, que la contraargumentas y que demuestran que no es así, permanece viva”, añade.

El miedo a la inmigración ha vuelto a pasearse por la agenda política ―y las redes sociales― coincidiendo con las elecciones catalanas o frente a la crisis que sufre Canarias. Tanto ha pesado, que Vox llegó a romper los cinco gobiernos autonómicos que formó con el PP porque los populares accedieron al reparto de 400 menores migrantes en la Península. El PP ha comenzado a sumergirse en un marco argumental que hasta ahora copaba la extrema derecha, que habitualmente habla de “delitos importados”, en referencia a las violaciones grupales, o que defiende postulados manipulados como que “la inmigración ilegal por su propia denominación es delincuencia”, como manifestó el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, en abril de 2023.

En la campaña de las elecciones catalanas, a comienzos de mayo, Alberto Núñez Feijóo pidió el voto en Cataluña para que los inmigrantes “no ocupen nuestros domicilios”. “Los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle”, añadió el líder del PP el 22 de julio ante los suyos, un día antes de votar en contra, junto a Junts y Vox, de la reforma de la ley de extranjería pactada con el Gobierno de Canarias (del que forman parte los populares) con el Ejecutivo central, para aliviar la situación límite en las islas por la llegada de menores migrantes no acompañados.

Frente a la actuación política, sucesos como el crimen de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo) han sido agitados desde las redes sociales por ultras, como el eurodiputado Alvise Pérez, vinculando el homicidio del menor a personas migrantes. La Fiscalía llegó a anunciar que estudiaba la trascendencia jurídico penal de estos “mensajes falsos” por criminalizar “de forma generalizada” a personas extranjeras, tras lo que muchos de quienes los propagaron los borraron e, incluso, cerraron sus cuentas en redes.

Todo ello, en un país considerado seguro. La tasa de criminalidad española, 48 infracciones penales por cada 1.000 habitantes (incluido el cibercrimen) en 2022, se mantiene baja frente a países del entorno, como Reino Unido (79,5 por mil habitantes), Bélgica (74,8), Alemania (60,7) o Dinamarca (53,9). La tasa de criminalidad convencional en España, en la que no se incluye el cibercrimen porque en su mayoría se comete desde fuera del país, tiene incluso una tendencia a la baja o estable en los últimos 13 años y se sitúa en 41 delitos por cada 1.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior.

El equipo de coordinación y estudios del Ministerio, que realiza los balances de criminalidad, ha comparado esta última tasa con las cifras de extranjeros en España (que no distinguen entre comunitarios y no comunitarios) y ha concluido que “el fenómeno de la inmigración no está teniendo un impacto negativo ni significativo sobre la criminalidad”, según fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. La población extranjera se encuentra en estos momentos en un 13,4%, según estas cifras.

Antonia Linde, directora del grado de Criminología de la Universidad Oberta de Catalunya y especializada en estadísticas sobre criminalidad, ve la estabilidad en las tasas como una “buena señal”. “Podría ser un indicador de que la población inmigrante está mejorando sus condiciones de vida en España y están menos desempleados y, por lo tanto, viven en una menor situación de precariedad y pobreza. Habría que analizar si las tasas permanecen estables en igual medida para los nacionales y los extranjeros”, añade.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que los españoles delinquen más que las personas extranjeras en términos absolutos. En 2022, un 74,19% de los condenados tenían nacionalidad española, frente a un 25,81% de extranjeros. Pero si se analizan las tasas por cada 1.000 habitantes, es cierto que la de condenados extranjeros duplica a la de los españoles, 18,1 frente a 7,5. Sin embargo, los criminólogos advierten de que existe una sobrerrepresentación de los extranjeros por diversos factores, ninguno de los cuales es su nacionalidad o su origen.

García España, que lleva más de 20 años investigando la relación entre inmigración y delincuencia, incide en que metodológicamente es muy difícil establecer una relación cierta entre ambos fenómenos, antes que nada por la definición de inmigrante. “En las estadísticas no se recoge quién es migrante, sino su procedencia. Lo más aproximado son las personas que caen bajo la ley de extranjería, que son todos extracomunitarios”, explica. “El término inmigración es sociológico y no se computa en ningún sitio”, añade.

“Hay que saber de qué se habla”, coincide la criminóloga Linde. “Un emigrante es aquella persona que se muda a otro país con intención de establecerse y no son todos los extranjeros. Hay en prisión extranjeros por cometer delitos relacionados con el crimen organizado. Estos no son emigrantes, sino personas de otra nacionalidad que vienen a cometer un delito en territorio español, son detenidas y condenadas y pasan a formar parte de la población penitenciaria”, detalla.

Linde cita circunstancias que pueden explicar que las estadísticas reflejen una sobrerrepresentación de extranjeros en prisión y que hay que tener en cuenta, como que son asistidos por abogados de oficio porque no disponen de recursos económicos para una mejor defensa; que se benefician en menor medida de los terceros grados penitenciarios o semilibertad por no disponer de arraigo, domicilio familiar, o empleo; o que, como indican muchos estudios, la población emigrante es interpelada por la policía en mayor medida que los nacionales, de modo que “hay más probabilidades de que un delito cometido por un extranjero sea detectado por las instancias policiales”.

También se ha demostrado la vinculación de esa sobrerrepresentación al hecho de vivir en zonas empobrecidas, con altos índices de desempleo. “Si miramos la tasa de delincuencia en la población en general, el desempleo es también una de las características presentes”, añade. “La evidencia empírica ha refutado las teorías que sostenían la existencia de culturas más criminógenas. No podemos asociar el hecho de ser migrante con ser delincuente”, concluye Linde.

Como es un tema complejo, los estudios analizan datos por regiones o provincias en periodos de 10 o más años. César Alonso-Borrego, profesor de economía en la Universidad Carlos III de Madrid, es coautor de un estudio publicado en 2012 por la revista American Law and Economics Review, en el que se concluye que no se encuentra una relación entre migración y criminalidad. El trabajo, muy citado en el ámbito científico, analizó la base de datos policial provincial de 1999 a 2009 y tuvo en cuenta variables como la diferencia entre nativos españoles e inmigrantes por nivel educativo, características socioeconómicas, edad, género, lengua materna o procedencia.

“Vimos con otras fuentes de datos quiénes son las personas que cometen los delitos: hombres jóvenes con niveles de estudios bajos o por debajo de la media, cuya importancia es relativamente mayor en la población migrante”, explica el profesor. Esto explica, coinciden estos expertos, la sobrerrepresentación de los migrantes en las tasas, porque en el total de adultos que residen en España hay mayor proporción de jóvenes extranjeros, cuya edad coincide con las personas migrantes.

La investigación de Alonso-Borrego no encontró que la migración afectara significativamente al total de delitos, ni a los delitos graves o contra la propiedad. Solo se encontró un efecto positivo en torno al 1% en infracciones administrativas. “No es el estatus de inmigrante lo que explica una mayor propensión a delinquir”, resalta el profesor de la Carlos III, que hace hincapié en el contexto que rodea a las personas. “Sigo sin ver justificación al alarmismo”, añade el profesor.

La oleada migratoria del estudio del profesor Alonso-Borrego tenía una parte sustancial de ciudadanos latinoamericanos. Los autores, entre los que también se encuentran Nuno Garoupa y Pablo Vázquez, llegaron a la conclusión de que el hecho de compartir idioma había facilitado su integración. El efecto es similar al que se produjo en Estados Unidos, con la llamada paradoja latina, sobre la llegada de inmigrantes mexicanos y la reducción de la delincuencia en algunas áreas, y que se consideró una “selección virtuosa” de individuos cuya propensión a cometer delitos era inferior a la de la población nativa. Otra nacionalidad, la rumana, una de las más antiguas en llegar a España, tardó más en integrarse. “Cuando pasó algo más de tiempo disminuyó [su tasa de delincuencia] asimilándose a la de los nativos. Sin duda una receta es la integración”, concluye Alonso-Borrego.

En los últimos nueve años, el porcentaje de personas españolas y extranjeras (incluidos ciudadanos comunitarios) detenidas o investigadas por infracciones penales ha permanecido estable, según los datos de Interior. Que los ciudadanos extranjeros estén implicados en una media del 33% de los casos policiales es un ejemplo de esa sobrerrepresentación, según los expertos, que recuerdan otros elementos ya citados, como la especial focalización de la policía sobre ciertos colectivos o que no todos los procedimientos siguen finalmente adela