Estaban en peligro. Lo advirtieron hace más de dos décadas. La Educación Superior pública estaba agonizando. Lo gritaron en las calles. Ahora, ya no pueden respirar. Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han sido empujadas al borde del abismo: ayudas que nunca llegan, estudiantes becados que han tenido que pagar la matrícula de su bolsillo, retención de presupuestos de proyectos de investigación, fondos prometidos que se esfuman, contratos rotos, recortes encadenados y plantillas que temen no poder cobrar sus nóminas.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha impulsado esta iniciativa en un contexto donde los consejos sociales de las universidades han sido, en los últimos años, colonizados por personas afines al Partido Popular (PP) y a las instituciones educativas privadas. Con este anteproyecto, el control del gasto público de las universidades quedará en manos de tres individuos: dos serán designados por los Consejos Sociales, cuyo presidente es nombrado por el Gobierno regional, y un tercer miembro, elegido por la universidad