Que incluyen operaciones de vigilancia física en más de un millón de hogares. La agencia lo describe como “investigación de localización mejorada”, que contempla la recopilación de fotos y documentos que verifiquen el lugar de residencia o empleo de los inmigrantes, incluidos recibos de servicios públicos y otros registros. La agencia cuenta con una “lista de direcciones” que abarca 1,5 millones de domicilios, y los proveedores contratados por el gobierno recibirían lotes de 50.000 casos cada uno para rastrear, según los documentos.