"Si hubiera apostado contra su equipo, no sería válido. Pero apostó por su propio equipo”. La respuesta resulta interesante dada la implicación de su hijo en el sector, y las acusaciones de los demócratas sobre que el problema podría extenderse. Trump Jr. pertenece al consejo asesor de Polymarket, y su fondo de capital riesgo ha invertido en la empresa. También asesora a otra empresa de predicción. Trump indicó que no le agradaba la reciente popularidad de las apuestas, pero su familia tiene una participación significativa en el sector.

No se sabía si Sevilla iba a ser sede de la Eurocopa, pero sí se sabía quién iba a hacer las obras de La Cartuja. Tanto es así que la constructora Gruconsa ya había comenzado las obras, los trabajos finalizaron pocos días después de la adjudicación, lo que sirvió de chufleo para los directivos de la empresa beneficiada. González escribía: "te he pasado la adjudicación de La Cartuja. Ya está todo". Oliva le devolvió un: "estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme", sabedor de que las obras ya estaban a punto de terminar.

Hazte Oír activó esta semana una nueva acción internacional en Nueva York que consiste en la publicación de un artículo que expone los casos de corrupción que “acorralan” a Pedro Sánchez y “señala el eje Zapatero–Maduro”, según ha informado la asociación. “Esta acción se enmarca en una ofensiva contra Zapatero y Sánchez, ya anunciada y en marcha, más amplia que combina tres frentes: el nacional (Audiencia Nacional), el internacional (Corte Penal Internacional) y, en este caso, Nueva York, divulgación e información”, informan en un comunicado.

El titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha suspendo la declaración como imputado del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por trabajos encargados al excomisario José Manuel Villarejo. En una providencia fechada hoy, el magistrado da por recibido un escrito de Iberdrola e insta a la Fiscalía y al resto de las partes a que, en el plazo de cinco días, "informen sobre la nulidad" dado que está pendiente de resolver la sit

Más de 11.000 empresas de casi una decena de sectores empresariales estratégicos se enfrentan a sanciones administrativas de entre 3.000 y 600.000 euros en el caso de que no habiliten un teléfono de atención al cliente gratuito. La decisión, aprobada por el Gobierno en el último consejo de ministros del año pasado, ocupa estos días a miles de compañías sin este tipo de servicios. Según ha podido averiguar elEconomista.es, "apenas unas pocas han cumplido con la normativa", mientras que el universo afectado supera los 11.000 empresas.