El objetivo es armonizar la base imponible del impuesto sobre sociedades, para que se calcule con arreglo a los mismos parámetros en todos los países de la UE. Y, más tarde, obligar a las grandes empresas a consolidar todos sus resultados para facilitar que paguen los impuestos donde realmente han generado los ingresos. La iniciativa es muy delicada y ya ha fracasado estrepitosamente en dos ocasiones (2001 y 2011).