Hemos impedido que el @Europarl_ES cierre la investigación de la muerte de 7291 personas en la Comunidad de Madrid durante el COVID. La petición de @MareaResidencia sigue viva en la Comisión de Peticiones.

Esas son las palabras que nunca podrán borrar, por más que las maquillen con excusas. No fue un simple error, ni una casualidad. Fue un cálculo frío, una decisión deliberada, que dejó a miles de nuestros mayores a su suerte, encerrados en residencias convertidas en trampas mortales. x.com/nenedenadie/status/1828396506795159578?t=2MmdERobU67TeEQpaiX3DA&

A continuación dejamos toda la información sobre los pases del documental de manera actualizada

Yolanda Sanz, vecina de Collado Villalba, relata la muerte de su madre en una residencia de Torrelodones durante la pandemia, tras figurar en su informe médico la frase “no susceptible de derivación hospitalaria”. En la entrevista recuerda quién era su madre, cómo vivió aquellos días y el impacto de los "protocolos de la verguenza" aplicados en residencias de mayores.

Esta es la carta que los familiares de los fallecidos en las residencias de Madrid por los protocolos de la vergüenza de Ayuso enviaron a Fiscalía y CGPJ.

Conclusiones: comisionverdadresidenciasmadrid.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/

Ayuso aseguró que las residencias estaban medicalizadas y nuestros mayores en buenas manos, en plena pandemia, pero mintió y 7,291 ancianos murieron abandonados a su suerte, porque total ‘se iban a morir igual’.

No fue ni tras la declaración del estado de alarma ni tras la publicación del Protocolo de la Vergüenza. Pasó mucho antes. Los traslados de los mayores enfermos de covid-19 desde las residencias a los hospitales en la Comunidad de Madrid empezaron a restringirse el 7 de marzo, cuando la ocupación de las camas ni siquiera llegaba al 10%. Las cuatro versiones de las instrucciones que oficialmente impidieron esas derivaciones tan sólo tuvieron por tanto una explicación: ratificar por escrito lo que ya se estaba haciendo. Dar, en definitiva, una especie de amparo a los geriatras que hacían efectiva la decisión de mantener en los geriátricos a los mayores infectados.

Los afectados, hijos de residentes que no fueron hospitalizados en Madrid, piden indemnizaciones al Ministerio de Sanidad y a la Comunidad de Madrid de entre 60.000 y 200.000 euros

"La Comunidad de Madrid, la única comunidad de España y me atrevería a decir del mundo, en la que se impidió el acceso de los mayores a un cuidado sanitario durante la pandemia. No es lo mismo morir ahogado que morir sedado, no es lo mismo morir acompañado que morir abandonado..."

“No lo quiere con las residencias porque le ensuciaría muchísimo”, evidencia, apuntando que “nunca ha habido si quiera mención especial para ellas”. A la pregunta de si esperan algún tipo de funeral u otro homenaje en algún momento, sentencia que no. “A Ayuso ni está si se la espera. Lo que sí esperamos que haya es Justicia, y vamos a seguir porque así sea”

Marta Bernardo ha preguntado en su turno de palabra sobre lo ocurrido en las residencias de mayores madrileñas durante la primera ola de la pandemia. "¿Cómo es posible que esta Asamblea haya vetado hasta en cinco ocasiones en los últimos años que se celebrara una comisión de investigación para saber la verdad de lo ocurrido con las 7291 personas fallecidas en las residencias?", ha demandando Bernardo. Sin embargo, apenas ha podido terminar la frase porque, en seguida, la presidenta de la comisión la ha interrumpido llamándola a la cuestión

El TSJM rechaza un recurso de Madrid de 2023 contra un dictamen del Consejo de Transparencia. Así se explicita en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que acudió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 2023 para impedir que salieran a la luz los relatos de primera mano de unos días trágicos en los que miles de residentes murieron sin recibir atención hospitalaria.

(Visible en modo lectura) Carlos Mur, ex alto cargo del Gobierno de Ayuso imputado en el ‘caso residencias’, había aparecido en el cartel de dos conferencias en el Colegio de Médicos de Madrid. “Nos parece deleznable el trato, no solo de la Comunidad de Madrid, sino también del Colegio de Médicos, que nos extraña que no supiera de su implicación en las muertes de las residencias”.

Es el quinto procedimiento judicial en el que los ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid están citados como imputados por las muertes sin asistencia médica dentro de las residencias en los meses más duros del covid-19.

"Montarán un jurado popular presidido por Martín Pallín e integrado por destacados activistas de izquierdas que concluirán que Moreno Bonilla es responsable de una cifra random de muertes por cáncer, Santaolalla subirá una foto con la camiseta a sus redes y a seguir agitando el muñeco"

Los datos oficiales de la propia Comunidad de Madrid revelan que hubo más de 7.291 víctimas. Tras más de 300 querellas, sin embargo, todavía no existe una sola condena. El PP sigue empeñado en censurar y vetar todo intento de transparencia.

“El miedo de las personas responsables” que atendían los centros y “la falta de recursos” impactó en la Operación Balmis, que además tuvo que desviar sus mejores recursos y médicos del Ejército para la “obra faraónica” del hospital de campaña en Ifema, según un dosier interno al que ha tenido acceso elDiario.es. “La evolución de la situación de las residencias de mayores en Madrid, llevó a adoptar la medida de no asignar o asignar cometidos mínimos al Batallón de la UME con base en Madrid en Extremadura y Castilla-La Mancha".

El estreno de la mini serie, que contará con cuatro capítulos, tendrá lugar en los cines Verdi de Madrid los próximos 28 de febrero y 7 de marzo respectivamente. En cada fecha se podrán visualizar dos episodios. El propio Castro ha explicado en sus redes sociales que la serie se corresponde con “una versión en cuatro capítulos” que dispondrá de “más información y más contexto para entender lo ocurrido” en un formato que “amplía y profundiza en la historia”. madrid.cines-verdi.com/cartelera/7291-la-serie

Esta semana se cumplen 2.000 días desde que comenzó el conteo que miles de familias de la Comunidad de Madrid jamás hubieran querido llevar: el tiempo transcurrido desde la publicación de los conocidos protocolos de la vergüenza. Unas directrices que negaron a 7.291 personas el traslado a un hospital durante la primera ola de la pandemia. Desde entonces, cada familia de las víctimas suma días a una cuenta que sigue creciendo entre el silencio y la falta de respuestas.