el mes de agosto de 2026 impactó en la opinión pública la decisión del Gobierno andaluz de crear 117 plazas de capellanes católicos en hospitales públicos. Es lógica la alarma social ante el problema de la salud en Andalucía con largas listas de espera, los cribados mal atendidos, la clamorosa falta de médicos y personal sanitario, etc., pero también desvela, una vez más, un grave problema que arrastramos desde 1978, un problema de inconstitucionalidad y privilegios en el que está sumergida y de ahí no sale la Iglesia católica.