La destitución de la doctora Elisa Corujo es un atropello democrático que huele a censura institucional. La decisión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de fulminar a la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia no fue un simple relevo organizativo; supuso un castigo político ejemplarizante.
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