El precio estaba fijado en 246 euros, máximo para este tipo de inmuebles, pero la mujer lo puso en 700 euros con otro contrato de mobiliario y gastos de comunidad. Según el demandante, el alquiler suscrito en 2015 vulneraba la normativa, ya que aunque se pactó formalmente una renta de 246 euros —la máxima permitida para este tipo de inmuebles—, se estableció en paralelo otro contrato de arrendamiento de mobiliario y gastos de comunidad por 454 euros, lo que en la práctica elevaba la renta mensual a 700 euros
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