La Comisión Europea ha dado un paso formal contra España al iniciar un procedimiento de infracción por la forma en la que Hacienda grava a los ciudadanos no residentes que poseen una vivienda en el país y la utilizan habitualmente. Se trata de una práctica fiscal que, según Bruselas, vulnera principios fundamentales de la Unión Europea, como la libre circulación de trabajadores y de capitales, y que discrimina abiertamente a quienes no tienen residencia fiscal en España
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