Según el Ministerio de Consumo, este cambio normativo, introducido a través de una enmienda pactada con el resto de grupos políticos, pretende "impedir" las llamadas spam, obligando a las empresas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico. Esta medida permitirá a los usuarios identificar, mediante ese número, que el motivo de la llamada es comercial.
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