El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, se ha comprometido en reiteradas ocasiones a equilibrar la financiación del sistema de dependencia, que recae mayoritariamente en las comunidades autónomas. Esto implica acercarse al 50% de la financiación, un objetivo complicado pero que parecía posible con el plan de choque diseñado. Pero la falta de presupuestos generales ha acabado con ese impulso.
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