A mediados de los años noventa, el Presidente del Gobierno socialista español, Felipe González, vio cómo su carrera política se hundía bajo el peso de un escándalo de corrupción. Una investigación del Tribunal Supremo reveló una trama de contratación fraudulenta que financiaba ilegalmente las campañas electorales del Partido Socialista (PSOE). A pesar de la intensa presión mediática de los medios afines al gobierno, dos valientes jueces defendieron el Estado de Derecho.
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