LaLiga distribuye semanal listados de direcciones IP a los principales proveedores de Internet en España —como Vodafone, Movistar u Orange— para que estos bloqueen el acceso desde el país a decenas de webs, entre ellas, medios legítimos como Cádiz Directo. Este uso espurio de herramientas judiciales sin auditoría ni revisión convierte a las operadoras en agentes ejecutores de una censura preventiva y empresarial. Un castigo preventivo, arbitrario y sin pruebas, que pone en grave peligro el futuro de medios de comunicación que cumplen con la ley
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