La estrategia antipiratería de LaLiga ha escalado hasta convertirse en un asunto político de primer nivel. Tras semanas de denuncias de usuarios, asociaciones tecnológicas y empresas afectadas, ERC ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para esclarecer el alcance de los bloqueos de direcciones IP ordenados por la patronal del fútbol. LaLiga minimiza las quejas de los usuarios en redes sociales, argumentando que se refieren a “webs inexistentes, sin tráfico real o con apenas unas decenas de usuarios al mes”.
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