Todas las miradas en el Consejo General del Poder Judicial apuntan hacia una sola mesa de despacho: la de Ricardo González Conde Díez. Este magistrado, convertido desde hace años en el “gran inquisidor” de la carrera judicial, es el responsable de decidir qué ocurre con los expedientes que pesan sobre el juez Juan Carlos Peinado, cuyas últimas actuaciones han provocado quejas formales desde el Gobierno y el PSOE.
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