Desde los primeros pasos de la llamada (y muy contestada) 'Ley Sinde' en 2009, que no era sino una respuesta sumisa al toque de atención dado por EE.UU. cuando nos metió en su lista de países "permisivos con la piratería", hasta la entrada en vigor de la 'Ley Lassalle', ya en 2015, España vivió unos años en que las descargas de Internet fueron un asunto relevante del debate político, y un problema que (pese a estar sumergidos en plena crisis económica) parecía preocupar mucho a nuestros políticos.
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