Lo más relevante del caso, según la investigación difundida, es que los familiares con los que se autorizan estas salidas residen en el mismo municipio, Puerto del Rosario, lo que cuestiona el criterio de «no acompañados» bajo el que los menores continúan en el sistema. Pese a estos contactos familiares directos, los menores regresan posteriormente al centro y siguen computando como tutelados por la administración.
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