La jueza Patti Saris, calificó la suspensión como «arbitraria y caprichosa», argumentando que violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, al no ofrecer una explicación razonada para frenar los permisos. Según la magistrada, la decisión del Departamento del Interior se basó únicamente en la orden presidencial, sin evaluar sus implicaciones. La orden ejecutiva, emitida por Trump en su primer día de mandato en enero pasado, había detenido numerosos proyectos eólicos marinos y terrestres en estados como Maryland, Massachusetts o Nueva Jersey.
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