La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es solo una victoria a medias para el empresario Alberto González Amador, quien no ha conseguido que los magistrados reconozcan que se vulneró su derecho de defensa concretamente en el procedimiento en el que está imputado por un posible fraude fiscal. De hecho, la resolución cierra la vía a la posibilidad de solicitar la nulidad de las dos causas abiertas contra él, un escenario que habían manejado fuentes judiciales con conocimiento de la estrategia...
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