La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG revocó la orden de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno de A Coruña y declaró esa expulsión contraria al ordenamiento jurídico, ya que el ciudadano boliviano, condenado en el 2008 por un asesinato, «no representa actualmente una amenaza para el orden público y se ha acreditado su interés por reinsertarse en la sociedad».
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