El pasado miércoles, 10 de diciembre, Leire Díez, exmilitante del PSOE, era detenida por los agentes tras conocerse su imputación judicial por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. Casualmente, o no, horas antes, un senador del Partido Popular (PP) advertía de que se iban a hacer "públicas determinadas informaciones". Desde Mañaneros 360 mostraban las evidencias que señalan que la Justicia filtra información confidencial a Génova.

El periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos, asegura que el Tribunal tiene la obligación de hacerlo si cree que ha mentido.

Las grabaciones muestran que la dirección de Vox conocía el caso y buscó apagarlo internamente antes de hacerlo público

En esta ocasión, las grabaciones sitúan al diputado Manuel Mariscal como figura clave en las presiones al equipo de Revuelta, la organización juvenil del partido, a la que se intentó disolver para evitar que el caso derivara en consecuencias políticas o judiciales. En esas conversaciones, Mariscal transmite sin rodeos la posición de la cúpula del partido y el mensaje que habría trasladado el propio Santiago Abascal.

Los audios internos de Vox no solo revelan cómo se hablaba de “liquidar” Revuelta para cerrar una crisis incómoda, sino que colocan a Manuel Mariscal, uno de los principales diputados del partido de extrema derecha, en el centro de las reuniones donde se discutía el destino del dinero recaudado para las víctimas de la DANA.

Más de dos semanas después, en concreto, 19 días, el Tribunal Supremo daba a conocer la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado. Así se conocía que el fallo lo considera culpable por la nota de prensa que la misma Sala no tomó como delictiva cuando se abrió el proceso penal en el Supremo. Desde el ámbito de la Justicia, un exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, ha desvelado que los magistrados que han condenado al fiscal general son filtradores habituales de datos reservados.

"Ayuso 'premia' a la acusación contra el fiscal: Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad"

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha calificado como “una verdadera vergüenza” lo que se ha conocido sobre Revuelta y la formación de Santiago Abascal