Fijan el perjuicio económico al Ayuntamiento en más de 250.000 euros y pide cinco años de prisión y ocho de inhabilitación. El Ministerio Público les acusa de adoptar acuerdos, "de forma consciente y a sabiendas de su ilicitud", "en los que se dispusieron de los fondos públicos y de los caudales del Ayuntamiento como si fueran propios"