Los esfuerzos de la administración Trump por apuntalar la industria del carbón, que está en rápido declive, se han topado con un problema: algunos actores de esa industria no quieren saber nada de ella. Dos propietarios de plantas de carbón de Colorado calificaron el mandato de la administración Trump de mantener la instalación en funcionamiento más allá de su fecha de vencimiento como una violación de sus derechos constitucionales. Extender la vida útil de las antiguas plantas de carbón podría costar a los contribuyentes $3.000 millones al año