Tres de los magistrados del Tribunal Supremo que condenaron recientemente al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, impartieron clases la semana pasada en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). La controversia radica en que el ICAM ejercía como acusación popular en el juicio, solicitando cuatro años de cárcel, y el curso, por el que cobraron, tuvo lugar justo los días en los que el tribunal debía estar deliberando el fallo.