
La concesión del Premio Planeta 2025 a Juan del Val, colaborador televisivo de El Hormiguero, representa un punto de inflexión que debería avergonzar a cualquiera que conozca mínimamente la historia de este galardón. No se trata simplemente de un premio más en la larga lista de controversias que rodean al Planeta en los últimos años. Se trata, por el contrario, de la consumación de una deriva que ha convertido lo que un día fue el premio literario más prestigioso de España en un instrumento de promoción comercial al servicio de los intereses mediáticos del Grupo Planeta y, más concretamente, de Atresmedia.
Cuando José Manuel Lara Hernández fundó el Premio Planeta en 1952, con una dotación de 40.000 pesetas, su intención era clara: promocionar la literatura en lengua castellana sin cortapisas ideológicas. Lara, pese a sus simpatías franquistas y su pasado como capitán de la Legión, mantuvo siempre una línea editorial que hoy calificaríamos de ejemplar pluralismo.
Tal como él mismo declaró en su momento: "Puedo tener mis ideas políticas, las que quiera, pero si me llega un libro que está escrito correctamente y es bueno no debo fijarme en la ideología del autor". Esta máxima no era mera retórica. El catálogo de Planeta durante la era del fundador incluía tanto a autores franquistas como a marxistas declarados. Jorge Semprún, Manuel Vázquez Montalbán, Juan José Mira o José María Gironella compartían sello editorial bajo un mismo paraguas que priorizaba la calidad literaria sobre la militancia política.
Lara padre era, ante todo, un vendedor de libros, un empresario con olfato comercial, pero también un hombre que supo rodearse de asesores culturales de primer nivel: Martín de Riquer, José María Valverde, José Manuel Blecua o Pere Gimferrer. Este equilibrio entre negocio y cultura, entre éxito comercial y rigor literario, fue lo que otorgó al Premio Planeta su prestigio durante décadas.
Todo cambió con la llegada de Josep Creuheras a la presidencia del Grupo Planeta en 2015. Creuheras no es un Lara. No pertenece a la estirpe fundadora, aunque administra los intereses de dos de las cuatro ramas de la familia. Su nombramiento como presidente tras la muerte de José Manuel Lara Bosch marcó el inicio de una nueva etapa caracterizada por una creciente politización del grupo y una subordinación de los criterios literarios a las estrategias de negocio mediático.
Creuheras es, ante todo, un hombre del establishment. Miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Girona (presidida por Felipe VI), del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España y del Consejo Consultivo de Fomento del Trabajo, sus vínculos con el poder político son evidentes y notorios. Durante el proceso independentista catalán, Creuheras se convirtió en una de las voces más beligerantes del unionismo empresarial, llegando a trasladar la sede social de Planeta a Madrid en 2017.
Esta implicación política ha tenido consecuencias directas en la línea editorial del grupo. La compra y consolidación del diario La Razón, la gestión de Atresmedia (con el control conjunto de Antena 3 y La Sexta) y las relaciones cada vez más estrechas con el Partido Popular han configurado un entramado mediático donde el pluralismo que caracterizó a José Manuel Lara Hernández brilla por su ausencia.
La concesión del Premio Planeta a Juan del Val no puede entenderse sin analizar la estructura de poder mediático del Grupo Planeta. Del Val es colaborador habitual de El Hormiguero, programa estrella de Antena 3, cadena que pertenece a Atresmedia, donde Creuheras es presidente. El mismo grupo empresarial que edita los libros de Del Val, que promociona sus novelas en sus medios televisivos y radiofónicos, y que ahora le concede el premio literario mejor dotado de España.
Este conflicto de intereses no es nuevo. En 2023, Sonsoles Ónega, presentadora también de Antena 3, ganó el Premio Planeta. Antes, en 2021, Carmen Mola (seudónimo de tres guionistas de televisión) se alzó con el galardón. La tendencia es clara: el Premio Planeta se ha convertido en un instrumento de promoción de rostros televisivos vinculados al grupo, en una operación que combina marketing editorial y fidelización de audiencias.
Lo grave no es que Del Val sea mal escritor (cuestión que cada lector debe juzgar), sino que el premio ha perdido toda credibilidad como reconocimiento literario independiente. Cuando un grupo mediático premia a sus propios colaboradores televisivos, la sospecha de amiguismo y estrategia comercial se convierte en certeza.
Pero el problema va más allá del conflicto de intereses. La deriva derechista del Grupo Planeta bajo la presidencia de Creuheras es evidente. El Hormiguero, programa que durante años ha mantenido una tertulia política claramente escorada a la derecha, se ha convertido en una plataforma desde la que colaboradores como Juan del Val lanzan críticas sistemáticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra cualquier expresión política progresista.
Esta instrumentalización política del entretenimiento televisivo, y ahora de la literatura a través del Premio Planeta, representa una traición frontal al espíritu fundacional de José Manuel Lara Hernández. Allí donde el fundador apostaba por el pluralismo y la convivencia de voces diversas, Creuheras ha construido un ecosistema mediático homogéneo, ideológicamente alineado con las posiciones más conservadoras del espectro político español.
La comparación es dolorosa: donde Lara padre publicaba a Semprún y Vázquez Montalbán junto a autores del régimen, Creuheras premia a tertulianos de su propia cadena de televisión que cada noche arremeten contra la izquierda desde el programa de máxima audiencia. La pluralidad ha dado paso al pensamiento único, el rigor literario al oportunismo comercial.
El caso del Premio Planeta no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad que afecta al conjunto de la industria cultural española: la progresiva subordinación de la cultura al poder económico y político. Cuando los premios literarios se convierten en herramientas de promoción comercial, cuando los grupos mediáticos premian a sus propios empleados, cuando la línea editorial de una casa que se pretende plural responde a intereses políticos evidentes, la cultura pierde su función crítica y transformadora.
José Manuel Lara Hernández fue muchas cosas: un franquista, un empresario implacable, un hombre con fama de duro en los negocios. Pero también fue alguien que entendió que la literatura trasciende las ideologías, que un buen libro merece ser publicado independientemente de las convicciones políticas de su autor. Su legado se basaba en la convicción de que "las empresas no tienen ideología", como él mismo solía decir.
Creuheras, por el contrario, ha convertido al Grupo Planeta en un actor político de primera magnitud, con una línea editorial clara que favorece a la derecha española y castiga cualquier expresión de disidencia. El Premio Planeta 2025 a Juan del Val no es un accidente ni una casualidad: es la consecuencia lógica de esta deriva.
La concesión del Premio Planeta a Juan del Val debería servir como llamada de atención sobre el estado de la cultura en España. No podemos permitir que los galardones literarios se conviertan en operaciones de marketing televisivo. No podemos aceptar que los grupos mediáticos premien a sus propios colaboradores sin que ello genere rechazo y crítica.
El legado de José Manuel Lara Hernández merece algo mejor que esta degradación. El Premio Planeta, que durante décadas representó una oportunidad para autores emergentes y consolidados, se ha convertido en un premio a la popularidad televisiva y a la afinidad política con los intereses del grupo.
Recuperar la independencia cultural, el rigor literario y el pluralismo que caracterizó a Planeta en sus orígenes no será fácil. Pero es una tarea imprescindible si queremos que la literatura española recupere la dignidad que está perdiendo a manos de ejecutivos más preocupados por las audiencias televisivas y las alianzas políticas que por la calidad de lo que publican.
José Manuel Lara Hernández estaría, sin duda, profundamente decepcionado con lo que su legado se ha convertido bajo la gestión de Creuheras. Y los lectores españoles deberían estarlo también.

La trayectoria del Partido Popular en el gobierno de España ha dejado una huella profunda en nuestro país, pero no precisamente del tipo que debería enorgullecer a sus responsables. Desde los gobiernos de Aznar hasta los de Rajoy, el PP ha demostrado una capacidad asombrosa para priorizar los intereses de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría, envolviendo sus decisiones en una retórica de responsabilidad que la realidad se ha encargado de desmentir una y otra vez.
La gestión económica del PP ha sido, en el mejor de los casos, errática, y en el peor, deliberadamente perjudicial para las clases trabajadoras. Durante el gobierno de Rajoy, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales se presentaron como medidas "inevitables" de austeridad, mientras los grandes patrimonios y las corporaciones disfrutaban de un trato fiscal privilegiado. La reforma laboral de 2012 precarizó el empleo de millones de españoles, debilitando los derechos de los trabajadores bajo la promesa incumplida de crear empleo de calidad. Lo que obtuvimos fue precariedad institucionalizada.
Pero si hay algo que define la era del PP en el gobierno es la corrupción sistémica. No hablamos de casos aislados, sino de una trama que alcanzó las más altas esferas del partido. El caso Gürtel, la caja B, los papeles de Bárcenas, la Púnica, el caso Lezo, el caso Montoro con sus amnistías fiscales que beneficiaron a defraudadores... La lista es tan extensa que resulta agotadora. Un partido condenado por financiación ilegal en sentencia firme del Tribunal Supremo. Eso no es un detalle menor: es la confirmación judicial de que el PP se benefició de una estructura corrupta durante años. Y aun así, sus dirigentes nunca asumieron verdadera responsabilidad política.
En política social, el conservadurismo del PP ha frenado avances necesarios en igualdad de género, derechos LGTBI y justicia social. Su oposición sistemática a medidas progresistas, desde la ley de violencia de género hasta políticas de igualdad efectiva, demuestra una visión anclada en un pasado que la sociedad española ya ha superado. La famosa "equidistancia" del PP ante el machismo y la violencia de género ha sido, en realidad, complicidad disfrazada de moderación.
Y cuando parecía imposible caer más bajo, el PP generó de su propia matriz ideológica a VOX, una escisión ultra que surgió precisamente por la falta de firmeza del partido en postulados reaccionarios. Lejos de marcar distancias, el PP ha ido normalizando el discurso de la ultraderecha, compitiendo por ver quién es más radical. El caso Ayuso es paradigmático: convirtió Madrid en un laboratorio de populismo fiscal y enfrentamiento institucional, repartiendo contratos a dedo durante la pandemia, atacando al gobierno central con mentiras y bulos sistemáticos, y utilizando la sanidad pública como arma electoral mientras la desmantelaba. Ayuso no es una excepción en el PP, es su expresión más pura: todo marketing, cero escrúpulos, corrupción normalizada.
La gestión territorial también merece mención aparte. La respuesta del PP al desafío independentista catalán fue un ejercicio de torpeza política sin paliativos. En lugar de tender puentes y buscar soluciones dialogadas, optaron por la confrontación y la judicialización, alimentando precisamente lo que decían combatir. El resultado: una fractura social que tardará décadas en sanar.
Y qué decir de su gestión de las crisis. Durante la crisis económica de 2008-2014, el PP rescató a los bancos con dinero público mientras desahuciaba a familias. Miles de personas perdieron sus hogares mientras las entidades financieras responsables de la debacle recibían miles de millones de euros. La privatización encubierta de servicios públicos y la desprotección de los más vulnerables completaron un cuadro desolador.
La llegada de Feijóo al liderazgo del PP se vendió como renovación, pero ha resultado ser continuismo con mejor traje. Su gestión como líder de la oposición ha sido un ejercicio de bloqueo institucional y confrontación permanente. La crisis de la DANA en Valencia en 2024 mostró el verdadero rostro del PP autonómico: negligencia criminal en la gestión de alertas, tardanza inexcusable en activar protocolos de emergencia, y después, el cinismo de culpar al gobierno central por sus propios errores. Mazón y su gobierno del PP convirtieron una tragedia natural en un desastre político por incompetencia absoluta, y Feijóo, en lugar de exigir responsabilidades, cerró filas defendiendo lo indefendible.
Y como si la incompetencia no bastara, el PP madrileño de Ayuso ha llevado la guerra contra los derechos reproductivos a un nivel obsceno. La campaña contra el aborto, el acoso a mujeres en clínicas, la obstrucción sistemática al ejercicio de un derecho fundamental... La gestión de la pandemia con miles de ancianos abandonados a su suerte, con el macabro resultado de 7.291 muertos. Todo ello con el silencio cómplice de Feijóo, que prefiere mirar hacia otro lado mientras su partido convierte Madrid en un laboratorio de retroceso en derechos de las mujeres. La supuesta moderación de Feijóo es una farsa: es el mismo PP de siempre, con los mismos vicios, la misma hipocresía y la misma falta de escrúpulos.
El balance es demoledor: el PP ha convertido la política en un negocio para amigos, la administración pública en una red clientelar y la corrupción en un sistema de financiación. No son errores, son decisiones conscientes que han empobrecido a millones mientras enriquecían a unos pocos. Cada vez que el PP habla de regeneración democrática, insulta nuestra inteligencia. Cada vez que se presenta como garante de la economía, escupe sobre quienes perdieron sus empleos, sus casas y su dignidad bajo sus gobiernos. La historia juzgará con dureza a quienes permitieron que un partido condenado judicialmente por corrupción siguiera presentándose como alternativa viable. Porque lo que el PP representa no es conservadurismo legítimo, sino la degeneración absoluta de la función pública. Y eso, sencillamente, no puede volver a gobernar España.
En los últimos meses estoy viendo un cambio preocupante en varias empresas con las que trato: están intentando eliminar a sus distribuidores para gestionar directamente al cliente. Sobre el papel suena eficiente; en la práctica, el servicio empeora y deja a muchos profesionales en la estacada. Comparto dos ejemplos recientes.
El primero es Autodesk, desarrolladora de software CAD. En mi empresa tenemos muchas licencias suyas, aunque ya hemos sustituido varias por alternativas menos restrictivas. Hasta hace poco gestionábamos todo a través de un distribuidor (NTI), que nos asesoraba, nos ofrecía opciones y daba un soporte más ágil que el fabricante. Sin embargo, Autodesk ha decidido eliminar ese canal: ya no podemos pagar al distribuidor, solo directamente a ellos, y además han activado por defecto la autorrenovación de las licencias. Si te despistas, renuevas sin querer. Si quieres negociar, no puedes. Y si necesitas comparar con otros productos del mercado, el fabricante no va a ser precisamente objetivo.
Hoy me ha pasado algo similar con Vodafone. Durante años hemos gestionado nuestras líneas móviles a través de un distribuidor local, Firmatel, que conocía nuestras necesidades y defendía nuestros intereses ante Vodafone. De un día para otro, Vodafone ha rescindido su contrato y los comerciales se han quedado sin acceso a las herramientas. Ahora nos obligan a tratar directamente con ellos. ¿Resultado? Perdemos a quien velaba por nosotros y ganamos un interlocutor que, lógicamente, responde antes a la compañía que al cliente.
Extraoficialmente se comenta que Telefónica prepara un gran ERE de cara a una posible compra de Vodafone, y que este recorte de distribuidores forma parte de una estrategia para centralizar la venta. No sé si será cierto, pero sí sé que detrás hay personas que se quedan sin trabajo y clientes que perdemos opciones.
Si esta tendencia continúa, las empresas medianas y los consumidores en general lo vamos a tener cada vez más difícil para recibir un servicio personalizado y para comparar alternativas reales. La desaparición de distribuidores independientes no es solo un cambio organizativo: es una pérdida para el consumidor y para el mercado
Una excelente forma de conocer por dónde irán los pasos de un determinado agente político o incluso de un Estado, es leer las justificaciones preventivas que sus propagandistas realizan en los días previos a la decisión que tomará, sobre todo si es una decisión humillante para él. Cuando Israel empezó a atacar a Hizbolá en serio, yo leía diariamente los tweets de Elijah Magnier, uno de los periodistas que más fielmente sirven a los intereses de Irán y sus proxys. Me bastó leer unos cuantos textos donde sostenía que lo sensato por parte de Hizbolá era dejarse machacar sin oponer resistencia, para saber que la organización había aceptado convertirse en el puching ball de los genocidas sionistas, y que, sabedora de lo indigno e injustificable de tal postura, estaba usando sus terminales mediáticas para intentar que sus simpatizantes tragasen con la nueva estrategia y salvar la cara en la medida de lo posible.
Estos días he escuchado a Juan Carlos Monedero en varias entrevistas diciendo que Venezuela debe ser responsable y someterse a los dictados de Trump, porque la alternativa es que éste bombardee Petare y mate 20.000 civiles. Sabedor de lo bochornoso de este vasallaje, Monedero afirmaba que "EEUU quiere asesinar a miles de venezolanos y no debemos ponérselo fácil". No, Juan Carlos. EEUU no quiere asesinar a venezolanos, de hecho le resultaría muy molesto y un claro contratiempo en su estrategia, y no porque valore su vida, sino porque también pueden morir soldados yankis en el proceso y eso hundiría electoralmente a Trump. Muy al contrario, EEUU sólo quiere un vasallo en Miraflores, con el menor esfuerzo y coste posibles. Y la rendición de las élites chavistas que Monedero intenta justificar con ese discurso es el camino más corto a ese objetivo.
Lo verdaderamente abracadabrante de la nueva estrategia trumpista no es el neofeudalismo que promueve (reyezuelos locales en las colonias del Imperio que pueden gobernar con cierta libertad siempre que obedezcan al milímetro las órdenes del emperador). La extraordinaria novedad de la estrategia de Trump está en que acepta reyezuelos "rojos" si su obediencia es ciega. El clásico tirano de extrema derecha solamente toleraría caciques de su ideología, pero Trump ha optado por un utilitarismo que deja cualquier cuestión moral (incluida la moral ultraconservadora) al margen y se guía tan sólo por las probabilidades de éxito que le ofrece cada candidato a mamporrero del imperio.
Si Delcy, que controla todo el aparato del Estado venezolano, desde la policía el ejército, puede ofrecerle un 80% de probabilidades de éxito en el proceso degradación de Venezuela a colonia imperial, y Corina sólo un 30%, Delcy se queda y Corina se va al carajo. Y Delcy tendrá permiso imperial para gritar "socialismo o muerte". Y para colocar fotos de Chávez e incluso del Che en cada calle de Caracas. Y para detener a todos los opositores políticos que desee. Y para robar, enchufar familiares y aprovecharse en beneficio propio de las estructuras del Estado. E incluso para no convocar elecciones, porque si demuestra ser una buena vasalla, un proceso electoral podría derivar en graves contratiempos si el pueblo elige a otro presidente. Eso sí, Delcy tendrá que regalar el petróleo venezolano, permitir bases militares yankis en su territorio y cumplir cualquier capricho del emperador. Es el requisito inexcusable para que Venezuela "siga siendo chavista".
Dos de los tres puntos fuertes del neoimperialismo yanki son viejos conocidos: la potencia militar norteamericana y el terror que genera a sus víctimas. Pero Trump ha traído uno nuevo que le fortalece aún más: la total y absoluta falta de valores morales que le caracterizan, incluidos los que siempre fueron propios de los ultraconservadores. Trump no tiene Dios, ni dogmas ideológicos, ni axiomas morales. Sólo un ansia infinita de dinero y poder. En este marco, y como sus antecesores, puede torturar, asesinar o secuestrar, puede cometer auténticos genocidios. Pero también puede hacer algo más que es absolutamente novedoso y demuestra hasta qué punto sus planes carecen de cualquier límite ético: puede escoger marionetas de tela roja si le son más útiles que las azules. De ahí a invadir militarmente territorio europeo sólo hay un pequeño paso. Es más, para la ultraderecha norteamericana resulta más infumable lo primero que lo segundo...y Trump ya lo ha hecho.
A día de hoy, si un usuario te pone en "ignore", no verá si respondes a sus comentarios, pero ese usuario/a sí puede ver los enlaces que subes, votarlos (normalmente de forma negativa y dudosamente justificada) y comentar. Creo que si alguien te pone en ignore debería ser una medida completa, no parcial, de modo que si no puede ver tus comentarios, tampoco debería ver tus enlaces, y mucho menos poder votarlos. Tal y como está ahora mismo menéame en esta cuestión, se prima la cobardía y el ataque gratuito e injustificado., además de la incoherencia.
Sería deseable que se corrigiera este grave error. Quizá algún @admin, @Imparsifal, etcétera lo puedan transmitir a quien corresponda.
Pregunta para las y los usuarios de menéame:
¿Qué opinas sobre esta cuestión?
¿Crees que se debería solucionar esto que planteo?
¿Lo has experimentado en algún momento?

Me ha llegado por 3 amigos/familiares un vídeo musical (rumba navideña) muy bonito (realizado con IA) que esconde mensajes de ultraderecha. De exaltación a "lo de antes", religiosidad católica, nacionalismo excluyente y xenofobia. El vídeo: www.youtube.com/watch?v=zZDoCr_IfvQ . Realizado por Modo Basado modobasado.company.site/
menéame