En agosto de 2020, la interventora del SAS bloqueó un contrato de emergencia de 29 millones por carecer de justificación. Dos meses después, el Consejo de Gobierno de Moreno aprobó suprimir el control previo a ese tipo de contratos, sin informe preceptivo y en una reunión verbal. El SAS siguió adjudicando a dedo durante cuatro años más, cuando la ley de emergencia pandémica ya estaba derogada. Tres causas judiciales abiertas, cuatro altos cargos acusándose mutuamente.
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