La decisión de Carlos Mazón (y asumida por Juanfran Pérez Llorca) de cambiar el color de la Generalitat del rojo al azul tras 40 años de consenso no sólo carece de justificación y pone en riesgo una identidad colectiva labrada durante décadas, según han alertado sus propios creadores, sino que apunta a costar una millonada a la administración pública.