Aunque ya creo que lo ha apuntado algún otro conforero, la OTAN no puede enviar tropas a la guerra entre Rusia y Ucrania porque este último país no es parte del Tratado del Atlántico Norte. Si Ucrania fuera miembro de la OTAN se activaría el Artículo 5 del Tratado que reza:

"Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte.".

(Texto del Tratado en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-12535)

El envío de tropas violaría el propio Tratado que no contempla tal posibilidad y, desde la perspectiva de cada Estado miembro considerado individualmente, el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas.

Tras cuatro años en que las reglas fiscales europeas han estado “desactivadas” (en 2022 y 2023 sin un inequívoco amparo legal, a mi entender) y en que las reglas fiscales nacionales has sido "obviadas" (sin atender la exigencia legal de elaborar un “plan de reequilibrio” que debían haber aprobado las Cortes Generales hacia 2021), en materia de cuentas públicas tenemos que:
a) la Comisión Europea avisa en su Comunicación sobre orientaciones de la política presupuestaria para 2024 que los Estados miembros deben respetar la referencia del 3% del PIB como valor máximo del déficit público y -más difícil de lograr-
b) la Recomendación del Consejo de la UE relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023 de España, entre otras cosas, plantea que en 2024 el incremento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional no exceda en un 2,6% al del presente año.
Luego, en asunto de políticas socio-económicas el Gobierno que salga de las urnas tiene poco que hacer, porque el margen que queda tras atender la revalorización de las pensiones conforme al promedio del IPC y la actualización de los salarios públicos (pactado un mínimo del 2%) es muy pequeño.

A mi entender, con la anticipación de las elecciones (que en su fuero interno yo diría que considera perdidas), busca no deteriorar la imagen política -actual y futura- de Pedro Sánchez.
Digo actual, porque la situación del Gobierno de "coalición" era muy precaria y, tras los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, la posición del Pedro Sánchez en su partido bastante comprometida.
Y digo futura, porque en 2024 nuestro pobre país, con la activación de las reglas fiscales europeas, va a estar en situación de "cuasi" intervención económica, puesto que este año terminará superando el límite de déficit del 3% del PIB (lo que provocará la apertura de un procedimiento por déficit excesivo) y la sostenibilidad de la deuda pública acumulada (más de 1,5 billones) requerirá de "ajustes" (los impuestos ya no dan más de sí) o reducción de gastos. Pedro Sánchez no quiere asumir esta "patata caliente" que tiraría por los suelos su discurso económico basado en que su método para afrontar la crisis ha sido totalmente opuesto al adoptado por el Partido Popular ante la "gran recesión" de 2008.

Hay que empezar por eliminar la exención en el IVA que actualmente se aplica en los arrendamientos por "habitaciones" y "turísticos". Todos los propietarios que destinan inmuebles a alquiler son "empresarios" a efectos de este Impuesto (art. 5.Uno.c: A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales: En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes).

Sólo la especial atención que la Constitución presta a la vivienda (en el sentido de un lugar que pueda constituir la morada permanente donde una persona organiza su vida) puede justificar la exención en IVA. No creo que vivir en una habitación (sin poder cocinar, asearse y demás) pueda considerarse un lugar adecuado para desarrollar la vida

Dado que la exención en IVA implica la sujeción al ITP, debe mantenerse la exención prevista en este Impuesto para los alquileres con la finalidad prevista en el art. 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (satisfacer la necesidad permanente de vivienda). Por permanente debe entenderse aquélla que, en principio, no tiene un fecha concreta de finalización.

Quedarían sujetos a este último Impuesto (ITP) los alquileres destinados a necesidades temporales de vivienda (por ejemplo, trabajadores desplazados por un periodo estipulado, personas cursando estudios, estancias temporales por razones médicas y similares).

Creo que una cuestión importante que ha mermado y merma las posibilidades de la izquierda es la economía, en concreto, la cuentas públicas. Por ejemplo, a la gente mayor (que no quiere dejar problemas a sus descendientes o, al menos, no dejarlos más agrandados a como están en la actualidad) no le parece bien que se siga incrementado la deuda pública (en más de 300.000 millones desde que ganó la moción de censura el PSOE) y no se haga ninguna alusión al asunto.

En esta cuestión, a mi modo de ver, se comete un error que es el comparar los datos de PIB de las distintas fechas sin valorar que para determinar los mismos se restan las importaciones.

Entiendo que lo correcto sería comparar las cifras de demanda interna (consumo y formación bruta de capital) más demanda externa bruta (exportaciones) y no tomar en cuenta las importaciones puesto que en ellas no intervienen factores productivos nacionales.

Bajo la anterior consideración, el nivel de actividad pre-pandémico (es decir, de finales de 2019) se alcanzó ya a finales de 2022.

De futuro, el mecanismo automático, es decir a falta de acuerdo en el Congreso, previsto por el Real Decreto-ley 2/2023 (Disp. adicional segunda.3) para hacer sostenible el Sistema público de pensiones es incrementar la cotización al Mecanismo de Equidad Intergeneracional que es pagado en un 83,33% por el empresario y en un 16,67% por el trabajador.
Luego, con los debidos matices, a falta de acuerdo político, la revalorización de las pensiones correrá de cuenta de los empresarios que, en buena lógica, trasladarán el mayor coste laboral a los precios, lo que inducirá una menor competitividad de nuestra economía (nuestros bienes y servicios serán, en términos relativos, más caros que los de otros países competidores), que se traducirá una contracción de la actividad económica con la consiguiente menor necesidad de trabajadores ............. El final se puede prever.

#44 Una explicación clara y concisa.
Efectivamente, el rescate, como bien apuntas en la frase "el rescate fue a los depósitos, no a los accionistas o inversores", tenía como finalidad evitar que los depositantes (a la postre acreedores de las Cajas de Ahorros) entrarán en pánico e intentarán retirar sus fondos (esto hubiera provocado la suspensión de pagos de las entidades) y era necesario porque el Estado garantizó los depósitos de hasta 100.000€/depositante.
Ahora, tenemos a gente pidiendo que ¿no sé quien? devuelva las ayudas estatales recibidas, ya que no está claro el "sujeto ayudado".

A mi juicio, el BCE se está enfrentando en solitario al gravísimo problema de la inflación (la peor enfermedad de una economía), mientras que la Comisión Europea rema a contra corriente.
En primer lugar, el actual proceso inflacionario comenzó en el verano de 2021 (es decir, tiene su origen en la expansión de demanda agregada que estuvo contenida por la pandemia de Covid-19 y las medidas gubernamentales restringiendo la movilidad adoptadas por razones sanitarias) y se agudizó con la subida de los precios de las materias primas energéticas que originó la guerra ruso-ucraniana (inflación inducida por los costes de producción).
Por tanto, ya en 2021 se debió de haber actuado sobre la demanda agregada (consumo público y privado). Sin embargo, la Comisión Europea, que activó la cláusula "general" de salvaguarda en 2020 (es decir, permitió que los Gobiernos no controlaran los gastos), la mantuvo vigente en 2021 y el BCE siguió adquiriendo activos en el mercado secundario para que los estados miembros pudieran contar con dinero a espuertas y barato.
Lo anterior puede tener alguna justificación para el año 2021 en el caso de la Comisión Europea (hay que recordar que las primeras vacunas contra el Covid-19 empezaron a tomar cuerpo a finales de 2020), pero mantener la vigencia de la cláusula "general" del salvaguarda (prevista para situaciones de grave crisis económica definidas como una caída anual del PIB superior al 0,75%) en 2022 ha sido un despropósito fiscal agrandado con la decisión de prorrogar la situación en 2023 y la actuación del BCE en cuanto a modificar su política de compra de activos ha sido lenta y de poca enjundia.
Para este año, el BCE está solo y, como ya he dicho, la Comisión Europea rema a contra corriente al no exigir orden a los estados miembros en cuanto a gobernanza fiscal y seguir con la cláusula de salvaguarda activada.

#1 No, no son tontos, son unos MISERABLES.
Lo que el BCE debiera hacer es drenar masa monetaria, en base a reducir su balance (es decir, no renovar las amortizaciones de activos, en especial, de valores del sector público) para forzar una contracción del consumo público (remuneraciones de empleados públicos, consumos intermedios y prestaciones sociales en especie), y dejar de joder a las clases más humildes con los incrementos de tasas de interés oficiales.
Si te sirve de consuelo, creo que el BCE no actuará tan agresivamente como la FED en la subida de tipos oficiales por dos razones:
a) el paro en la zona euro es del 6,5% (dato de Noviembre de 2022) mientas que en EEUU este registro es del 3,5% (dato de Diciembre de 2022), lo que implica que tiene menos margen desde una perspectiva social
b) la preservación de la solvencia del sistema financiero también es tarea del BCE y la subida de tipos puede comprometerla por el importante volumen de préstamos a interés variable que conforma el activo de los bancos.

#15 No creo que The Economist haya reparado en las siguientes magnitudes económicas:

A) volumen de deuda pública pronosticado por el Gobierno para el cierre de año ¡¡1,510 billones!! (dato de Septiembre 1.503.799 millones), lo que supone el 115,2% del PIB nominal. Límite exigido por la LOEPSF en desarrollo de la Constitución: 60% del PIB

B) cuantía de déficit estructural previsto por el Gobierno para el cierre de año ¡¡48.500 millones!! lo que supone el 3,7% del PIB nominal (el déficit estimado es de unos 65.500 millones, aunque los datos conocidos apuntan a que será inferior). Límite exigido por la LOEPSF en desarrollo de la Constitución: 0% del PIB o equilibrio estructural

#96 Hasta donde yo sé, el incidente de recusación presentado por Unidas Podemos y apoyado por la Fiscalía del Constitucional aún no se ha resuelto.
Sobre el asunto de la enmienda sobre la inviolabilidad del Rey no puedo responder porque no conozco sino que fue presentada por el PNV e inadmitida a trámite (https://www.newtral.es/inviolabilidad-rey-pnv-poder-judicial/20220614/).

#96 Hasta donde yo sé, el incidente de recusación presentado por Unidas Podemos y apoyado por la Fiscalía del Constitucional aún no se ha resuelto.

Sobre el asunto de la enmienda sobre la inviolabilidad del Rey no puedo responder porque no conozco mas que fue presentada por el PNV inadmitida a trámite (https://www.newtral.es/inviolabilidad-rey-pnv-poder-judicial/20220614/)

#35 Personalmente, creo que no solamente es algo feo, sino que a tenor de los preceptos del Código Penal que indico
a) a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años" (art. 404)
b) "a los efectos penales.......tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados...."(art.24)
debiera serle exigida la responsabilidad a quien admitió a trámite las enmiendas a sabiendas de la ilegalidad que se cometía y cuyo resultado para la convivencia democrática es el que vemos.

#41 No, esta es la primera vez que el TC ha adoptado la cautela de SUSPENDER la tramitación parlamentaria de los preceptos (no de toda la proposición de ley) que modifican las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional incorporadas al proyecto legal mediante enmiendas que, por no quedar sujetas a las formalidades del procedimiento legislativo, en vulnerado (NO LAS ENMIENDAS, SINO LA FORMA DE AÑADIRLAS) un derecho fundamental (el ejercicio pleno de la función de parlamentario).