Una de las consecuencias que tendrá la declaración del Estado de Alarma está en sus efectos económicos. Desde autónomos que no pueden abrir sus locales a empleados sometidos a suspensión de pagos por inactividad. Esta circunstancia trae una reacción en cadena en la economía familiar que si no se prevé adecuadamente, puede devenir en catástrofe. La cláusula rebus sic stantibus establece que, acreditada la caída de actividad, puede invocarse una moratoria en el pago de obligaciones, su reducción o la resolución de los contratos.

Un policía nacional amenaza a un activista de la PAH con denunciarle si publica las imágenes tomadas de un violento desahucio en Guadalajara, en la barriada del Alamín, gestionada por la Sociedad de San Vicente de Paul.

La localidad alcarreña volverá a vivir un intento de desahucio mientras la propiedad del inmueble se dirime en los tribunales. Esta vez, al igual que la anterior, la SSVP convoca una concentración en el portal para apoyar a la comitiva judicial mientras que desde la PAH aseguran que estarán en el mismo lugar desde la noche anterior al alzamiento de la vivienda. Desde la PAH denuncian que este tipo de concentraciones han sido utilizadas por la Subdelegación del Gobierno para así prohibir la que tenía convocada la PAH a las puertas del desahucio.

Si quedarse en casa es la solución, ¿por qué no se paralizan los desahucios?

El organismo falsificó los datos de entrada para impedir que la PAH se concentre en un desahucio previsto para el 12 de marzo que insta la Sociedad de San Vicente de Paul. Según la Subdelegación, la convocatoria de la Plataforma no podía ser autorizada porque la Sociedad había comunicado una concentración "para apoyar a la comisión judicial" minutos antes. La PAH presentó su solicitud mediante registro electrónico, mientras que la SSVP lo hizo en papel, fuera del horario de oficicina, y el nº de registro evidencia que la hora fue manipulada.

La Sociedad de San Vicente de Paul, gestora de las viviendas sociales del barrio de Operación Alamín, habría percibido indebidamente al menos 41000 euros desde el año 2016, cuantía que recibió como contrapartida para un proyecto de reparto de ayudas sociales a personas desfavorecidas que ya estaba siendo subvencionado por la Diputación Provincial, y que de haberlo declarado, habría reducido notablemente los ingresos de la misma.

El colectivo clandestino Ciudadanos de Uniforme ha difundido a través de sus canales de Telegram que el Centro de Formación de Tropa (CEFOT) de Cáceres, está afectado desde el sábado por un brote de gripe A que hasta el momento afecta a 11 militares. Sin activar ningún protocolo de emergencias, y tras haberse infectado otros 25 militares por gripe común, los efectivos han sido enviados a sus domicilios, cancelando incluso los arrestos en vigor,

Aparece en redes sociales un vídeo de un entrenamiento del Ejército Español, donde el brigada a cargo de los entrenamientos del Centro de Formación de Tropa de Cáceres se burla de los soldados que no pueden contener el vómito de las aguas cloacales en las que son obligados a entrenar.

Scilingo, que ya ha accedido a llamado "régimen de semilibertad", podrá acceder a un subsidio de desempleo que le permitirá cobrar 430 euros durante seis meses, prorrogables hasta 18. El caso cobra una extraordinaria relevancia por cuanto que España es de los pocos países que trata con tanto mimo a un condenado en firme por crímenes contra la humanidad que, en condiciones normales, debería fallecer en prisión. Scilingo no muestra arrepentimiento alguno por sus crímenes, que ahora niega.

El recurso que ha presentado el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se opone a la reforma de la Ley Foral de Navarra que protege a los consumidores afectados por la venta de sus créditos impagados a fondos buitre. La norma permitía una reducción drástica del endeudamiento de las familias, pudiendo acceder a quitas de hasta el 90% de sus deudas, en detrimento de las ganancias de los fondos de inversión. El argumento de la "invasión" de competencias estatales no fue tal en el caso de la Ley 24/2015 catalana, que tiene una norma similar.