El recurso que ha presentado el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se opone a la reforma de la Ley Foral de Navarra que protege a los consumidores afectados por la venta de sus créditos impagados a fondos buitre. La norma permitía una reducción drástica del endeudamiento de las familias, pudiendo acceder a quitas de hasta el 90% de sus deudas, en detrimento de las ganancias de los fondos de inversión. El argumento de la "invasión" de competencias estatales no fue tal en el caso de la Ley 24/2015 catalana, que tiene una norma similar.
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