En estos momentos, hay cada vez más frentes abiertos: el precio del suelo, vivienda social, los intereses de los promotores, los cambios en el modelo de familia, la presión de los fondos y las políticas autonómicas, entre otras cuestiones. Sin embargo, en esta ecuación hay un actor fundamental que suele pasa desapercibido: los ayuntamientos. La capacidad de los consistorios para modificar los PGOU los convierte en piezas clave para ampliar la oferta de vivienda. La mayoría se resisten a introducir cambios por temor a las consecuencias legales.
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